La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tomado una posición firme al enviar una carta tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo, exigiendo una acción decidida contra un convenio reciente aprobado en la Comunidad de Madrid. Esta medida se justifica por la preocupación de que dicho acuerdo podría afectar de manera negativa el derecho constitucional a la huelga, un pilar fundamental de la protesta social.

El convenio en cuestión es el resultado de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, aprobado el 11 de diciembre y publicado oficialmente en el Boletín de la Comunidad de Madrid el 23 de diciembre. Este acuerdo establece las condiciones laborales para el personal funcionario de la región, pero ha encendido la alarma entre los organismos de defensa de los derechos laborales.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado que el artículo 10 y la disposición adicional décima del convenio permiten a la administración suspender la carrera profesional horizontal de los trabajadores en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones. Esta cláusula se ve como un mecanismo punitivo que amenaza el ejercicio de derechos fundamentales como la reunión, la manifestación y la libertad de expresión.

El Ministerio de Trabajo ha calificado la inclusión de esta cláusula como un claro ataque a los derechos fundamentales de los trabajadores. Además, critican la reducción de la participación democrática de los empleados públicos, algo que se vuelve aún más preocupante en el contexto de los convenios colectivos que deberían proteger sus derechos e intereses en la comunidad autónoma.

Además, el ministerio advierte que esta cláusula, considerada como una "cláusula de paz", excede los límites de lo aceptable para este tipo de acuerdos. Se argumenta que tiene consecuencias que van más allá de las organizaciones firmantes, creando un panorama perjudicial para los derechos laborales de los trabajadores, en clara violación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo subraya que este convenio y declaración son materia de impugnación, al considerar que infringen la legalidad constitucional y pueden perjudicar gravemente a terceros. Con ello, se solicita a la Fiscalía que emprenda las acciones legales necesarias para impugnar el convenio colectivo y, si corresponde, llevar a cabo actuaciones penales pertinentes.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo ha enfatizado la importancia de que la Fiscalía y el Defensor del Pueblo actúen de oficio en este asunto, especialmente teniendo en cuenta la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que ha sido responsable de la publicación de estos textos. La relación entre la administración y los derechos laborales es crucial, y este episodio resalta la necesidad de una vigilancia constante para garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores.