Zarzalejo defiende la autonomía de la UCM mientras subraya la importancia de un "acuerdo histórico" en financiación.

En Madrid, el 27 de marzo, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha expresado su respeto por la iniciativa de consulta que una plataforma de estudiantes y profesores planea realizar en la Universidad Complutense. Esta consulta se enmarca en el derecho de autonomía de la institución, aunque Zarzalejo ha aprovechado la ocasión para destacar el “acuerdo histórico” logrado con las universidades en temas de financiación.

“Estamos extremadamente orgullosos del acuerdo alcanzado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, junto a los seis rectores de las universidades. Este pacto representa un hito donde se contempla un significativo esfuerzo económico,” afirmó Zarzalejo mientras conversaba con medios de comunicación en la sede de CEIM.

La consejera reafirmó su apoyo a la consulta que la plataforma tiene planeada, siempre y cuando se ajuste a las normativas internas de la universidad. Además, subrayó la importancia de respetar el rol y la representación de los rectores en este proceso.

Zarzalejo también hizo hincapié en el papel fundamental que tienen los equipos de gobierno en las universidades públicas y manifestó su aprecio por el trabajo que realizan dentro de sus respectivos centros de enseñanza.

Por otro lado, la Plataforma UCM por la Pública ha anunciado que el próximo jueves, 16 de abril, llevará a cabo una consulta con la comunidad universitaria para discutir el plan económico y financiero recientemente aprobado en la Universidad Complutense. Este plan incluye una serie de medidas que, según la plataforma, se centran en la “eficiencia del gasto”, la optimización de recursos y el incremento de ingresos propios.

La consulta se llevará a cabo en puntos estratégicos de las facultades y campus de la Complutense. En este contexto, la Plataforma ha calificado el plan financiero como un “plan de recortes agresivo” en su comunicado, donde critican la eliminación de plazas docentes, la reducción de programas de máster y grado, así como la disminución de becas y ayudas para la investigación, afectando directamente la calidad de la educación universitaria.