La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este lunes una supuesta intentona del Gobierno por transformar la justicia en lo que ella califica de "justicia popular bolivariana", advirtiendo que este movimiento pone en peligro las garantías fundamentales del sistema judicial español.

Ayuso, durante un evento donde firmó un protocolo contra la ocupación ilegal de viviendas, resaltó cómo un número creciente de profesionales del ámbito judicial están levantando la voz en defensa de la independencia de la Justicia, alertando sobre los, según ella, constantes ataques hacia el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

En sus declaraciones, la presidenta criticó lo que considera un apoyo tácito hacia movimientos como la ocupación de espacios públicos y escraches, señalando que los mismos actores detrás de estas acciones están tratando de influenciar las instituciones y la administración pública. "Lo que están haciendo es minar la selección de los mejores y más competentes", enfatizó.

Asimismo, Ayuso condenó la idea de reemplazar los sistemas de oposición en la función pública, basados en el mérito, por un modelo que privilegiaría a quienes se alinean políticamente con el Gobierno, en un movimiento que sería particularmente perjudicial en el ámbito de la judicatura.

La dirigente autonómica considera que este cambio destruiría logros fundamentales conseguidos a lo largo de los siglos, advirtiendo que "la democracia sin ley" llevaría a un apoderamiento de la justicia por parte de intereses políticos, lo que afectaría a todos los ciudadanos.

Además, la presidenta acusa al Gobierno de ignorar las recomendaciones de la Unión Europea respecto a la protección del poder judicial, afirmando que están cometiendo "ataques gravísimos" que afectan el acceso a la justicia y que amenazan la independencia del poder judicial.

En este contexto, Díaz Ayuso ha reafirmado su compromiso de denunciar todos los ataques al Estado de Derecho, declarando que su Gobierno no se quedará de brazos cruzados frente a estos desafíos, ya que la estabilidad y la prosperidad del país están en juego.

Por último, subrayó la posibilidad de que se retroceda décadas en los avances sociales, instando a la sociedad a no dejarse engañar ante la "división social" y los "problemas ficticios" que, según ella, ocultan el verdadero daño que se está infligiendo a España, destacando que "no se puede esperar más".