En Madrid, el debate sobre la financiación autonómica se intensifica tras las declaraciones del presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido. Este líder empresarial ha expresado su rechazo a la propuesta del Gobierno español, alegando que esta está manchada por lo que él considera "corrupción", al intercambiar "privilegios por votos". Garrido sugiere que se debería incentivar a las regiones que manejan sus recursos de manera más efectiva, en lugar de compensar a aquellas que no lo hacen.

En una entrevista con Europa Press, Garrido afirmó que la propuesta se ha orientado a satisfacer las demandas de quienes sostienen al Gobierno, en particular a Esquerra Republicana de Cataluña, al tiempo que dejó claro su descontento con la falta de atención a los ciudadanos. Critica esta actitud como un tipo de corrupción más grave que los sobornos que a menudo se asocian con contratos públicos.

Esta semana, la mayoría de los consejeros que asistieron al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la excepción de los representantes de Cataluña, manifestaron su oposición al nuevo modelo de financiación. Argumentaron que este enfoque está viciado por intereses previos entre el Ejecutivo y ERC, advirtiendo incluso que están dispuestos a llevar el asunto ante los tribunales si es necesario.

Garrido catalogó como "inaceptable" que la propuesta haya sido diseñada con Cataluña como foco, una comunidad que, a su juicio, cuenta con mejores recursos y la capacidad de reducir significativamente su contribución a las necesidades del resto de las comunidades.

A pesar de la complejidad del tema, Garrido reconoce que Madrid deberá seguir realizando aportaciones extraordinarias, lo cual apoya, pero enfatiza que hay que buscar un equilibrio territorial que favorezca a las comunidades con menos recursos. Aboga por un modelo que premie la buena gestión en lugar de recompensar a aquellos que dilapidan recursos.

"Las comunidades autónomas, incluida Madrid, deben realizar un esfuerzo adicional para controlar el gasto superfluo. No obstante, la región es la que mejor gestiona sus recursos y ofrece servicios con menos fondos públicos. Eso debería ser lo que se valore, como se hace en las empresas privadas", explica Garrido.

En este contexto, el presidente de CEIM advierte que Madrid podría verse obligada a incrementar su contribución al Fondo de Solidaridad, a diferencia de Cataluña, que, según él, verá disminuir su aporte. Esto podría tener consecuencias negativas para la financiación de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid.

También cuestiona la propuesta que limita la capacidad de Madrid para gestionar sus propios impuestos, considerándola un intento de satisfacer a los aliados independentistas del Gobierno. Garrido reafirma que si se apoya el modelo del Estado de las autonomías, debería incluir la corresponsabilidad en la gestión de gastos e ingresos.

Además, ha calificado de "chantaje" que la nueva propuesta de financiación sea opcional, alertando sobre el riesgo de que quienes no se adhieran queden en desventaja y carezcan de los fondos estatales necesarios, cuya financiación proviene de los ciudadanos y no del Gobierno.

Garrido también ha criticado las políticas laborales del Ejecutivo central, especialmente aquellas impulsadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz, a quien reprocha haber intentado imponer su modelo sin un verdadero diálogo social. Resalta la importancia de este diálogo como base de confianza para el mundo empresarial y lamenta que la falta de negociación ha debilitado a las empresas.

Tras lo que considera un "fracaso", Garrido sostiene que Díaz ha optado por castigar a las empresas, lo cual es preocupante, ya que deberían trabajar juntos para mejorar tanto el bienestar laboral como la competitividad de las empresas en España.

Finalmente, enfatiza la necesidad de que se tomen medidas para abordar el problema del absentismo laboral, que afecta gravemente la competitividad desde la pandemia. Insiste en que hasta ahora no se han implementado soluciones efectivas y sugiere que es momento de abrir una mesa de negociación para abordar estas preocupaciones.