El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad la enmienda de adición firmada por el Partido Popular a las proposiciones presentadas por el PSOE y Más Madrid para dar una salida al Plan 18.000. La enmienda busca que los titulares del Plan 18.000 sean excluidos de la prohibición de la enajenación de viviendas, según los acuerdos de la Villa.

Las proposiciones presentadas por los concejales José Luis Nieto (Más Madrid) y Pedro Barrero (PSOE) buscan eliminar el pliego general de pactos y condiciones del Plan 18.000. Este plan fue creado por el Ayuntamiento para construir viviendas protegidas en terreno público, pero con la condición de que los ciudadanos adquirieran únicamente un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.

Más Madrid ha propuesto que se delegue en la Corporación que gobierne tras los comicios del próximo 28 de mayo la solución a abordar. Por su parte, el PSOE ha propuesto que la Corporación entrante deberá iniciar un proceso de diálogo con los afectados y la plataforma.

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (CS), no entendía el sentido de estas proposiciones ya que el pliego ya estaba paralizado mediante un decreto de desistimiento hecho el pasado 20 de abril. Por otro lado, Fuentes se preguntó por qué debería esperarse a la siguiente Corporación si ya se ha convocado una reunión para el próximo 3 de mayo para poder aprobar una adenda de los Acuerdos de la Villa.

En uno de los Acuerdos de la Villa, todos los grupos acordaron que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de los madrileños y de la ciudad de Madrid". El Partido Popular presentó una enmienda para que el Ayuntamiento excluya a los titulares del Plan 18.000 de la prohibición de enajenación de esas viviendas.

Entre 1984 y 1997, el Consistorio de la capital puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentran el Plan 18.000. Superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas, lo que el Ayuntamiento ofreció en 1992 y luego en 2009.

En mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, criticó en una comisión del ramo que desde entonces no fue posible la compra de suelo. Debido al interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para consolidar su plena propiedad, el pasado 26 de enero se aprobó un nuevo pliego que incorporaba la medida consensuada en los Pactos de la Villa.

Esto supone que el Ayuntamiento no puede vender en este programa suelos destinados a protección pública, sólo los calificados como libres y a precio de mercado, mientras que los superficiarios del Plan 18.000 consideran que es un agravio comparativo con respecto al resto, al haberlo podido comprar con la calificación de suelo protegido, con una valoración bien distinta y no libre.