En Madrid, el 27 de mayo, Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha instado a implementar "medidas estructurales" que optimicen la atención a quienes solicitan asilo en la frontera. Su llamado se produce en un contexto alarmante, donde numerosas personas se han visto forzadas a pasar la noche en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, enfrentándose a una situación de falta de hogar. Esta problemática ha sido objeto de examen por parte de la institución desde marzo de este año.

Gabilondo, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, ha enfatizado la urgencia de mejorar tanto las instalaciones del aeropuerto como los procesos de asilo que se llevan a cabo en el mismo. En su informe anual de actividades correspondiente a 2024, subrayó las deficiencias encontradas y las numerosas quejas recibidas sobre la atención a los solicitantes de protección internacional.

La situación crítica observada resalta la necesidad inmediata de adoptar transformaciones que aborden diversos aspectos cruciales, como el registro de solicitudes, las condiciones de acogida y el acceso efectivo a la justicia para quienes están en busca de refugio. Gabilondo enfatizó que es esencial garantizar derechos básicos para estas personas vulnerable.

Acompañado por sus adjuntos, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, Gabilondo también revisó otros temas significativos tratados por la institución en 2024. En total, se gestionaron 34.629 trámites, de los cuales 34.402 correspondieron a quejas, además de acciones de oficio y solicitudes de amparo ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, se brindó atención directa a más de 35.700 ciudadanos.

Los temas más recurrentes en las quejas abarcaron una amplia variedad de áreas, incluyendo justicia, educación, salud y seguridad social, destacándose Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia como las regiones con mayor número de escritos presentados.

Entre las propuestas del informe, Gabilondo abogó por aumentar el número de especialistas en salud mental para jóvenes, mejorar los programas de apoyo al alquiler y abordar de manera ágil la valoración de discapacidades. También hizo un llamado a establecer protección específica para mujeres mayores víctimas de violencia de género.

En cuanto a la situación migratoria, el Defensor del Pueblo solicitó mayor información acerca de los protocolos para el manejo de grandes flujos migratorios en las costas españolas y advirtió sobre la falta de cumplimiento en la creación de un servicio de atención sanitaria en los centros de internamiento de extranjeros.

Además, Gabilondo destacó que cerca del 40% de los solicitantes de asilo provienen de Venezuela, sugiriendo la creación de un procedimiento ágil para facilitar el proceso de estas solicitudes y aliviar la carga de trabajo de las oficinas de asilo.

El Defensor del Pueblo también hizo eco de las quejas relacionadas con la devolución de prestaciones sociales, proponiendo modificar la Ley General de la Seguridad Social para mitigar los efectos perjudiciales que tales prácticas pueden acarrear a familias en situación de vulnerabilidad.

En su intervención, Gabilondo atendió otros asuntos pertinentes, como la implantación de zonas de bajas emisiones y la brecha tecnológica que afecta a los mayores, quienes se sienten desbordados por el avance digital. Asimismo, expresó su preocupación por la deficiente calidad del servicio de Cercanías en ciudades como Madrid y Barcelona.

Particularmente, se refirió a la "dolorosa situación" que padecen los residentes de la Cañada Real Galiana, quienes llevan más de cuatro años sin acceso a electricidad. Gabilondo está a la espera de recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre este caso crítico, después de haber enviado un informe a dicha entidad.

Finalmente, el informe anual abarca la actualización sobre los abusos sexuales en el contexto de la Iglesia católica y el papel que deben desempeñar las instituciones públicas. Gabilondo subrayó que las conclusiones son vitales y deberían ser debatidas para que el Parlamento adopte medidas concretas, ya que las víctimas claman por respuestas efectivas a sus demandas.