Esta mañana, en Madrid, el alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral Pedrero, ha comparecido ante el tribunal enfrentando acusaciones de coacciones en relación con las decisiones tomadas sobre una finca que comparten su municipio y Aldea del Fresno. El edil argumenta que su actuar estuvo respaldado por un acuerdo unánime del Pleno municipal que indicaba la necesidad de retirar unas puertas que bloqueaban caminos frecuentados por los vecinos.

El Ministerio Público ha calificado este actuar de coacciones, añadiendo el agravante de aprovechar su posición como funcionario público. En consecuencia, el fiscal demanda una condena de dos años de prisión, así como la inhabilitación para ejercer derechos electorales mientras dure la pena.

En la declaración del alcalde, quedó claro que surgieron tensiones vecinales a raíz de la obstrucción de caminos, lo que generó descontento entre ciclistas y representantes de distintas asociaciones locales. Esta problemática fue presentada durante un pleno del Ayuntamiento, donde se votó por unanimidad instar a la finca para que se realizara la retirada de las puertas, una decisión que la propiedad no impugnó en su momento.

El alcalde, que dirige el municipio desde hace 18 años, enfatizó ante su defensa que "solo estaba cumpliendo una orden del Pleno" y reafirmó que "no había ninguna intención de perjudicar a nadie". Además, defendió la necesidad urgente de encontrar una solución a la situación, justificando su accionar en el consenso alcanzado por el Pleno.

En el inicio del juicio, la defensa solicitó la suspensión de la vista, argumentando que la Sala no tenía competencia en el asunto tras la retirada de la acusación particular. Sin embargo, el tribunal decidió proseguir con el juicio, rechazando la petición de la defensa.

Por otro lado, la Fiscalía ha puesto de manifiesto que los hechos en cuestión se remontan a enero de 2020. Ese mes, la empresa Altamira Santander, que adquirió la finca en 2019, cerró varios caminos que, según denuncias de los ayuntamientos implicados, debían permanecer abiertos para el uso comunitario.

El 20 de enero de ese año, se celebró una reunión entre los alcaldes de Navas del Rey y Aldea del Fresno, junto a representantes de la empresa, para intentar resolver la controversia respecto a los caminos, aunque no se llegó a ningún acuerdo viable.

El día siguiente, el 21 de enero, y ante la falta de consenso, el alcalde en funciones tomó la decisión de ordenar verbalmente a los trabajadores municipales que procedieran a retirar las puertas que obstaculizaban el acceso. Según la Fiscalía, el alcalde se presentó en la finca con vehículos municipales, incluyendo un camión pluma y maquinaria pesada, y dio instrucciones para desmontar una puerta y llevarla al almacén del municipio, todo esto sin el consentimiento de la propiedad y sin contar con una resolución judicial o administrativa que legitimara su actuación.