En una realidad cada vez más compleja y desafiante, el Gobierno ha desmentido las afirmaciones de hacinamiento en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) ubicado en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Según las declaraciones realizadas este miércoles por representantes de la Secretaría de Estado de Migraciones, la ocupación actual del centro se encuentra solo en un 17% de su capacidad total.

La polémica surgió tras las inquietudes planteadas por el Ayuntamiento de Pozuelo, que denunció un "riesgo cierto de hacinamiento" en sus instalaciones. Sin embargo, las autoridades del Ministerio aseguran que el CREADE, inaugurado en marzo de 2022 para acoger a personas ucranianas que huían de la guerra, no se asemeja a un espacio de alojamiento permanente, pues su función es la derivación.

Desde su apertura, el centro ha acogido, en su mayoría, a familias con niños ucranianos que poseen protección temporal y a un número reducido de mujeres afganas en situación de asilo, actualmente ocupando solo 70 de las 400 plazas disponibles. Este servicio, según Migraciones, resulta fundamental para ayudar a estas familias en situación de vulnerabilidad a iniciar su proceso de integración en España.

Además, el CREADE ha sido reconocido como un modelo a seguir por otras instalaciones similares, logrando la validación de organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Estas instituciones destacan la eficacia del centro en el registro y atención psicosocial de las personas refugiadas, quienes reciben información sobre sus derechos y obligaciones en pocas horas.

Las autoridades también incidieron en que no ha habido cambios en la situación administrativa del CREADE desde su fundación, subrayando que, actualmente, se espera una resolución judicial sobre la solicitud de medidas cautelares relacionada con su funcionamiento. En noviembre, el Ejecutivo presentó un recurso contencioso-administrativo para frenar el cierre del centro, el cual fue ordenado por el Ayuntamiento el pasado septiembre.

El Consistorio, liderado por Paloma Tejero del Partido Popular, argumenta que el edificio, que fue cedido por el Ministerio de Seguridad Social, no cumple con las normativas municipales y estatales pertinentes. Insisten en que el CREADE solo cuenta con licencia para 270 camas para asistentes a cursos, y no para albergar hasta 564 solicitantes de asilo indefinidamente, como alega el Ministerio en la documentación judicial.

Esta situación ha generado preocupaciones sobre el hacinamiento, lo que el Ayuntamiento ha expuesto en su escrito judicial. Además, ha recordado que la licencia de funcionamiento del edificio requiere una actualización si se modifica su actividad. El plazo de cuatro meses dado al Ministerio para reubicar a las personas que residían en el CREADE venció el pasado sábado, y el Consistorio ha señalado que no ha habido avances significativos por parte del Gobierno en la regularización de esta situación, limitándose a presentar recursos judiciales.