En un reciente pronunciamiento, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido prorrogar la suspensión de un artículo crucial de la controvertida 'Ley Trans' de la Comunidad de Madrid. Este artículo, que requiere un informe médico favorable para que los menores con patologías previas puedan iniciar tratamientos hormonales, sigue bajo un manto de incertidumbre mientras que otros preceptos suspendidos han recuperado su vigencia, gracias a la intervención de la Abogacía del Estado.

El proceso comenzó en julio, cuando el TC admitió los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra varias disposiciones de dos reformas legales que tratan sobre la identidad de género y la protección contra la 'LGTBIfobia' en Madrid. En ese momento, el Tribunal también accedió a suspender los artículos impugnados tras la petición del Gobierno, invocando el artículo 161 de la Constitución española.

Durante la sesión del Pleno del TC, los magistrados se enfrentaron a la decisión de prorrogar o levantar la suspensión de los artículos cuestionados. Finalmente, la mayoría de los preceptos se restablecieron, ya que la Abogacía del Estado no solicitó la prórroga de aquellos artículos que han recuperado su vigencia. Para aquellos en los que sí se pidió la continuación de la suspensión, la argumentación ofrecida fue considerada insuficiente, según fuentes consultadas por Europa Press.

El consenso del Pleno fue poner fin a la suspensión casi total de los artículos de la Ley 17/2023, la cual modifica la Ley 2/2016 sobre identidad y expresión de género y la lucha contra cualquier forma de discriminación en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, se mantuvo la suspensión del artículo que estipula que los menores transexuales deben contar con un dictamen médico favorable cuando existan enfermedades previas para poder comenzar un tratamiento hormonal, acción que obtuvo 7 votos a favor contra 5 en contra, reflejando así la división entre la mayoría progresista y la minoría conservadora del Tribunal.

El TC argumentó que esta normativa impide que los menores ejerzan su derecho a la autodeterminación, obstaculizando severamente su capacidad de decisión durante el proceso de transición. No obstante, varios magistrados de la corriente conservadora, entre ellos Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo, manifestaron su desacuerdo, sosteniendo que la exigencia de un informe médico no debería interpretarse como un obstáculo sino como una salvaguarda para el bienestar de los menores, dada la relevancia y carácter irreversible del tratamiento hormonal.

Ante esta dicotomía, el magistrado Enríquez y su grupo anunciaron su intención de presentar un voto particular en desacuerdo, mientras que la magistrada progresista María Luisa Balaguer optó por un voto particular concurrente. En un caso distinto, respecto a la suspensión de varios artículos de la Ley 18/2023, que aborda la protección integral contra la 'LGTBIfobia', el Pleno decidió mantener la suspensión por unanimidad, justificándola por el riesgo que implicaría para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.