En un fallo significativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la sentencia que condena a un empresario a siete años de prisión por haber cometido abusos sexuales contra una empleada en una situación de vulnerabilidad económica. Esta decisión resalta la importancia de proteger a quienes se encuentran en condiciones de desventaja laboral.

El tribunal ha desestimado el recurso presentado por el condenado, reafirmando la resolución emitida por la Audiencia Provincial de Madrid. Los jueces han determinado que el acusado se valió de su posición de poder y la precariedad de la víctima para llevar a cabo sus acciones delictivas.

Los hechos, ampliamente documentados en el juicio, revelan que el empresario, en su rol de superior, realizó tocamientos no consensuados a la trabajadora en el entorno laboral. La mujer, cuya situación personal y económica ya era complicada, se sintió coaccionada por el miedo a perder su puesto de trabajo, un contexto que el agresor exploitó para llevar a cabo su comportamiento abusivo, sin que existiera consentimiento por parte de ella.

Los magistrados subrayaron que la dependencia laboral entre el jefe y la víctima fue crucial para anular su libertad de acción. Además, rechazaron los intentos de la defensa por desacreditar el testimonio de la afectada, afirmando que su relato fue consistente, firme y respaldado por múltiples evidencias, lo que cuestiona la presunción de inocencia del acusado.

El Tribunal también validó la calificación de los hechos como un delito de abuso sexual, sosteniendo que la pena impuesta de siete años de prisión, junto a las medidas complementarias, como la prohibición de acercamiento y de comunicación con la víctima, son justas y necesarias. Esta sentencia envía un fuerte mensaje sobre la responsabilidad de proteger a las personas vulnerables en el ámbito laboral y la importancia de hacer frente a la cultura del silencio frente al acoso sexual.