El reciente respaldo del PP y Vox a la ampliación de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones ha generado un intenso debate en la Asamblea de Madrid. Esta nueva legislación permitirá que los traspasos entre hermanos, tíos y sobrinos sean gravados solo al 50%, en un contexto donde la oposición alerta sobre el impacto potencial en los servicios públicos.

La medida, que ha sido confirmada por lectura única, fue aprobada originalmente el 7 de mayo por el Consejo de Gobierno. Según el Ejecutivo regional, se estima que este cambio beneficiará a aproximadamente 14.000 ciudadanos, con un ahorro fiscal de cerca de 140 millones de euros cada año.

Además, se introducen modificaciones significativas, como un 100% de bonificación para donaciones por un valor inferior a 1.000 euros, eliminando la necesidad de presentar autoliquidaciones para montos tan bajos. Asimismo, se simplifica el proceso para donaciones de hasta 10.000 euros, al no requerir un documento notarial formal.

La consejera de Economía, Rocío Albert, defendió el proyecto al señalar que cumple con una promesa electoral del Partido Popular, destacando que esta medida se enmarca dentro de una trayectoria de más de dos décadas de política fiscal estable. Albert criticó al Gobierno central por aumentar los impuestos más de 100 veces, lo que ha afectado tanto a individuos como a empresas.

Según la consejera, la reducción de impuestos no es un fin en sí mismo, sino una estrategia para fomentar un entorno favorable para la actividad económica. Insistió en que este tipo de gravámenes "castiga la solidaridad familiar", llevando a muchos ciudadanos a rechazar herencias debido a las cargas fiscales asociadas.

Albert enfatizó que la bonificación refleja un mensaje claro: en Madrid, quienes generan ahorros e invierten son apoyados, y subrayó que su visión es celebrar la vida y proteger a las familias en lugar de imponer tributos relacionados con la muerte o la generosidad entre parientes.

Por su parte, la diputada de Vox, Ana Cuartero, calificó el impuesto como "profundamente injusto", sugiriendo que aún queda trabajo por hacer en términos de bonificaciones fiscales. Criticó la aparente necesidad recaudatoria del gobierno regional y llamó a una mayor consideración hacia los contribuyentes.

La oposición, representada por el PSOE, a través del diputado Daniel Rubio, argumentó que la política fiscal del gobierno está favoreciendo a los más ricos, mientras que las clases medias y trabajadoras están asumiendo el costo de esta "fiesta fiscal". Rubio afirmó que las votaciones de estas medidas tienen repercusiones directas en la calidad de los servicios públicos, desde la sanidad hasta la educación y la vivienda.

La parlamentaria de Más Madrid, Marta Lozano, se unió a la crítica al señalar que esta legislación profundiza un modelo de "acumulación hereditario" que no beneficia a la mayoría. Argumentó que solo un pequeño porcentaje de las familias madrileñas se beneficiará, acentuando la desigualdad en la región.