24h Madrid.

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La Asamblea aborda la situación de menores extranjeros, las residencias durante la pandemia y temas clave en la Conferencia de Presidentes.

La Asamblea aborda la situación de menores extranjeros, las residencias durante la pandemia y temas clave en la Conferencia de Presidentes.

Esta semana, la Asamblea de Madrid se convirtió en el escenario de un intenso debate sobre temas cruciales que afectan a la sociedad, tales como la atención a menores inmigrantes no acompañados y la gestión de residencias de ancianos durante la crisis sanitaria del Covid-19. La sesión de control, que busca evaluar las acciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pone en el centro de la discusión la responsabilidad de la Comunidad en estos asuntos.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, abrirá la jornada solicitando aclaraciones sobre el plan de integración de menores que llegarán a la región en los próximos meses. La postura de Vox ha sido clara desde un principio: cuestionan la acogida de estos menores y abogan por su repatriación a sus países de origen, lo que ha generado un gran debate dentro de la Asamblea.

A pesar de las tensiones, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, destacó que muchos de estos jóvenes provienen de entornos complicados, donde el crimen organizado y los problemas de salud mental son comunes. Es un reconocimiento que expone la complejidad del problema, más allá de las visiones simplistas que algunos proponen.

Por otro lado, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, interrogará sobre el balance de los dos primeros años de legislatura, lo que se prevé como un tira y afloja entre Ayuso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se tocarán temas de relevancia nacional.

La gestión de las residencias de mayores, durante uno de los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19, también estará bajo el scrutinio de la Asamblea. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, cuestionará a la presidenta sobre la actuación de su gobierno, exigiendo accountability en un asunto que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad.

Desde el sórdido contexto de la gestión de crisis de salud pública, Ayuso se ha enfrentado a críticas severas, incluso descalificando a exmiembros de su propio gabinete que tuvieron papeles clave durante la emergencia sanitaria, señalando la complicidad de ciertos perfiles en la tragedia que vivieron las residencias.

Otro de los temas que pintará el debate del día es la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Barcelona, donde Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, llevará a la mesa inquietudes sobre la agenda que deberá tratarse, reflejando el choque político que persiste entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La presidenta Ayuso ya ha estado defendiendo su postura, exigiendo una posición firme contra el independentismo, a la vez que critica lo que denomina un 'crujir fiscal' que afecta a los ciudadanos, especialmente a pequeñas y medianas empresas, lo que subraya la polarización existente en la política actual.

Conforme avanza el Pleno, la atención se centrará en los informes de los consejeros acerca de temas como la financiación autonómica y el desarrollo de políticas sobre salud mental y medio ambiente. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, presentará el Plan Estratégico 2025-2030 del Canal de Isabel II, respondiendo a voces críticas que cuestionan el aumento de tarifas de agua.

Por su parte, Ana Dávila se enfocará en su iniciativa de construir 40 nuevas residencias y centros de día, en un intento por reforzar la infraestructura social de la región. Sin embargo, su propuesta podría enfrentar el escepticismo de quienes exigen centros de gestión pública, evidenciando las tensiones sobre el modelo de colaboración entre el sector público y privado.

Este miércoles, Más Madrid buscará que la Asamblea aborde la viabilidad del proyecto de Fórmula 1, instando a evitar compromisos que afecten a las finanzas públicas. El PSOE también alzará su voz, demandando una revisión del régimen de bonificaciones fiscales, proponiendo que se establezcan criterios más justos y progresivos para asegurar que quienes más tienen contribuyan equitativamente al bienestar común.