La Comunidad de Madrid se opone a la Ley de Gestión Pública de SNS por invadir competencias autonómicas.

La Comunidad de Madrid ha presentado sus alegaciones a la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) anunciada por el Ministerio de Sanidad. Consideran que la normativa invade competencias, carece de rigor y no incluye memoria económica, entre otros argumentos.

El Ministerio de Sanidad ha sometido este proyecto normativo a consulta pública, con el objetivo declarado por Mónica García de poner límites a los abusos en el Sistema Nacional de Salud. La ley busca facilitar la reversión de la gestión privada de servicios sanitarios públicos, según se detalla en el documento de consulta pública.

La ministra ha destacado que esta ley detendrá el lucro constante en diversas formas de gestión sanitaria. Se deja atrás la Ley 1597 para dar paso al lema de 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'.

En sus alegaciones, el Gobierno autonómico destaca que la normativa podría exceder las competencias estatales y violar las competencias de las Comunidades Autónomas en coordinación sanitaria, además de infringir normativas europeas incorporadas al sistema jurídico.

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se subraya que el texto del Ministerio trata de regular el modelo de colaboración público-privada en transparencia, auditoría y rendición de cuentas, pese a que muchas de las normas propuestas ya se aplican en la Comunidad de Madrid desde hace tiempo.

Entre las medidas propuestas en el texto ministerial se encuentran mejoras en transparencia, auditoría y rendición de cuentas en modelos de gestión privada existentes, así como la facilitación de la reversión de la gestión privada de servicios sanitarios públicos vigentes.

El Gobierno madrileño sostiene que estas medidas ya se aplican en la comunidad mediante auditorías y control de facturación, y que la normativa proyectada invadiría competencias autonómicas y vulneraría la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Además, se critica que el proyecto ministerial carece de soluciones realistas y concretas, y se señala la falta de rigor normativo, económico y organizativo. No se ofrecen cifras ni referencias concretas que respalden los problemas que se pretenden subsanar.

La Comunidad defiende que la gestión indirecta no perjudica a la Sanidad Pública, pues no afecta al acceso o contenido de la prestación sanitaria. Se destaca que la colaboración público-privada no implica la pérdida de control por parte de las Administraciones Públicas, por lo que las alegaciones consideran que el proyecto no se justifica desde el punto de vista de las competencias regulatorias del Estado en la materia.