Este lunes marcaba la fecha límite para la recopilación de datos necesarios para definir el reparto de menores migrantes que se encuentran en Canarias, una situación que ha estado en el centro del debate social y político en España.

En un informe reciente, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, comunicó al Ministerio de Juventud e Infancia que en lo que va del 2024, la comunidad ha brindado atención a un total de 2.442 menores migrantes no acompañados, señalando que los centros están operando al 132% de su capacidad, lo que representa una grave preocupación para el sistema de protección existente.

Dávila, al dirigirse a la prensa este lunes, destacó que, en los primeros meses de 2025, su departamento ha atendido a “más de 950” menores migrantes, subrayando que los recursos disponibles están siendo sobrepasados, lo que genera una tensión considerable tanto en los centros como entre los profesionales que apoyan a estos jóvenes

Esta recopilación de datos se realizó después de que el Ministerio estableciera el 31 de marzo como fecha límite para que cada comunidad autónoma reportara cuántos menores migrantes no acompañados alberga, facilitando así el cálculo de cómo se llevará a cabo la reubicación acordada con los partidos parlamentarios. Hace dos semanas, se acordó que más de 4.000 menores en situaciones vulnerables en Canarias y Ceuta serían trasladados a otras regiones.

En sus declaraciones, la consejera añadió que el aeropuerto de Madrid-Barajas ha sido un punto crítico con un incremento notable en las llegadas irregulares, haciendo un llamado al Gobierno central para que asuma su responsabilidad en la gestión de estos flujos migratorios.

“Es fundamental que el Gobierno de España implemente un plan exhaustivo para proporcionar atención adecuada a estas personas, además de establecer un control más robusto sobre nuestras fronteras para prevenir que continúen perdiendo la vida en el mar al intentar llegar a nuestro país a través de la peligrosa ruta canaria”, expresó Dávila con firmeza.

Con la información enviada por cada autonomía, le corresponde al Gobierno central determinar cuántos de los más de 4.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias deben ser acogidos por cada comunidad, basándose en criterios que incluyen la población, la riqueza y la comparación entre las plazas disponibles y las necesarias, estipulando que debe haber una plaza por cada 2.250 habitantes, según los lineamientos del Ministerio.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de expandir el centro de primera acogida de La Cantueña en Fuenlabrada, que actualmente tiene 96 plazas, Dávila puntualizó que “en este momento, es el único centro que podría ser ampliado”. Señaló que otros centros ya han alcanzado su capacidad máxima, lo que ha llevado a la actual situación de sobreocupación. Los servicios técnicos están evaluando la viabilidad de esa posible expansión, añadió.

Asimismo, la consejera también indicó que se están considerando otras posibles ubicaciones para gestionar la situación, en caso de que se materialice el reparto propuesto por el Gobierno central, que considera inadecuado y forzado para las comunidades autónomas.