En un reciente anuncio que ha generado debate, Madrid se posiciona como la cuarta comunidad autónoma que más se beneficiará de la propuesta que el Consejo de Ministros tiene prevista para condonar parte de la deuda regional. Este movimiento se traduce en que el Estado asumirá la impactante cifra de 8.644 millones de euros, lo que, según cálculos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se traduciría en un coste aproximado de 500 euros por cada ciudadano madrileño.

La iniciativa del Gobierno central, que se pretende aprobar en un futuro cercano, contempla una quita total de hasta 83.252 millones de euros, abarcando así a todas las comunidades autónomas. Este enfoque se enmarca en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para la condonación de la deuda en Cataluña, planteando una posibilidad similar para aquellas comunidades que lo deseen.

En este reparto, Andalucía y Cataluña se llevarán la mayor parte del pastel, con el Estado asumiendo 18.791 millones para la primera y 17.104 millones para la segunda, lo que representa más del 43% del total asignado a todas las comunidades. A la Comunidad Valenciana le sigue con una condonación de 11.210 millones, completando así un panorama donde las anteriores mencionadas sobresalen notablemente.

La metodología que determinará la cantidad que cada comunidad recibirá fue esbozada por Hacienda en febrero, aunque la decisión final se deja en manos de los gobiernos regionales. Estas entidades deberán decidir si quieren acogerse a esta propuesta, lo que añade un matiz importante a la solución presentada desde el Ejecutivo central.

Las comunidades beneficiadas se extienden por toda España, incluyendo a Castilla-La Mancha con 4.927 millones, Galicia con 4.010 millones, y otras regiones que reciben menos, como La Rioja y Cantabria, en el extremo inferior de la lista. Cabe destacar que Euskadi y Navarra, aunque no entran en este sistema de condonación al no estar en régimen común, han expresado su deseo de recibir compensaciones en función de sus respectivos sistemas forales.

A pesar de los beneficios potenciales, el Gobierno de Ayuso ha expresado su oposición a esta medida, argumentando que la condonación afectará a todos los españoles y que la deuda no desaparecerá. Rocío Albert, consejera de Economía, enfatizó que esto podría significar un gasto significativo por habitante, resaltando el descontento hacia una medida que, en su opinión, no favorece a Madrid.

Las críticas también se extendieron hacia la forma en que el Ejecutivo central ha manejado el tema, con el consejero Carlos Novillo denunciando que se está favoreciendo a los independentistas mientras se ignoran otros problemas urgentes. Esta postura refleja la tensión entre la comunidad madrileña y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Se espera que el anteproyecto de ley sea aprobado después del verano y, posteriormente, se enviará a las Cortes Generales. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el voto de las comunidades del PSOE respaldó la iniciativa, mientras que las del PP optaron por no participar, interpretándose su ausencia como una abstención, lo que agrega un elemento de controversia al debate.

A pesar de esto, Hacienda aún enfrenta incertidumbres en el proceso legislativo, dado que algunos de sus aliados tradicionales han mostrado reservas respecto a la universalidad de la condonación, planteando cuestionamientos sobre la equidad de la medida.

La propuesta del Ministerio de Hacienda incluye una metodología en tres fases para calcular la condonación. El primer paso consiste en comparar el endeudamiento regional entre dos períodos específicos para establecer una condonación media del 19% sobre la deuda total vigente. La segunda fase busca compensar a las comunidades que estén por debajo de esa media, mientras que la tercera introduce ajustes para asegurar una distribución más equitativa, identificando a la Comunidad Valenciana como la que recibiría la mayor condonación por habitante ajustado.

Este enfoque busca atender el sentimiento de descontento en diversas comunidades, asegurando que las que han cumplido con esfuerzos fiscales adicionales puedan recibir un tratamiento más favorable, un intento por equilibrar las diferentes realidades económicas de las regiones que componen el país.