En un reciente fallo del Juzgado de Instrucción número 45 en Madrid, la denuncia presentada por la organización Manos Limpias contra Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en la capital, ha sido inadmitida. Este caso estaba relacionado con los incidentes ocurridos durante la Vuelta Ciclista a España el pasado 14 de septiembre.

La jueza Luisa María Prieto ha decidido archivar la denuncia al considerar que los hechos descritos no constituyen una infracción penal. Según el auto del tribunal, no se han encontrado elementos suficientes que sugieran la existencia de un delito relacionado con el manejo del operativo policial que se llevó a cabo durante el evento deportivo.

La magistrada hizo hincapié en que los delitos inicialmente alegados, como alteración del orden público y desobediencia a la autoridad, carecen de fundamento. En su resolución, dejó claro que no se ha especificado ninguna acción voluntaria o negligencia grave que pudiera encajar dentro de estas acusaciones.

Además, la jueza destacó que la denuncia busca responsabilizar al delegado del Gobierno por actos de terceros que resultaron en lesiones a agentes de la autoridad, lo cual no es procedente desde el punto de vista penal. La denuncia se enmarca más como una queja de un tercero que debería encontrarse fuera del ámbito del derecho penal, según su evaluación.

Manos Limpias argumentó en su denuncia que el delegado Martín había llevado a cabo una gestión deficiente del dispositivo de seguridad, considerado insuficiente por los sindicatos de policía. La organización sostenía que las órdenes emitidas por su Delegación estaban más enfocadas en limitar las intervenciones y no causar molestias a los manifestantes, en lugar de garantizar la seguridad durante el evento.

En el documento presentado, se señalaba que los mandos policiales sentían que las directrices del Ministerio del Interior les habían dejado "con las manos atadas". Se argumentó que el operativo había sido diseñado para fallar, dejando a los agentes sin capacidad de respuesta ante los incidentes que se generaron.

La denuncia concluyó subrayando que, en una manifestación que resultó ser extremadamente violenta, el número de policías heridos fue muy superior al de las detenciones realizadas. Con tan solo dos arrestos cuando había 25 agentes heridos, los denunciantes plantearon dudas sobre la naturaleza de las órdenes dadas por el delegado del Gobierno, considerándolas demasiado complacientes con los manifestantes violentos. Sin embargo, estos argumentos han sido finalmente desestimados por el tribunal.