En un tenso debate que se anticipa en la Asamblea de Madrid, las principales fuerzas de oposición, conformadas por Más Madrid, PSOE y Vox, han expresado su firme desacuerdo con la nueva Ley de Hacienda de la Comunidad, que será discutida en la cámara legislativa el próximo jueves. Mientras tanto, el Partido Popular, el partido en el poder, defiende la iniciativa como un paso en la dirección correcta que, según ellos, no afecta a los controles establecidos.

La polémica se desató durante la rueda de prensa que siguió a la Junta de Portavoces. En septiembre, el Gobierno regional dio luz verde al Proyecto de Ley, argumentando que su intención es fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos en la comunidad. Sin embargo, la oposición ve esta propuesta como una mera ilusión que no aborda los problemas estructurales existentes.

Manuela Bergerot, portavoz del grupo Más Madrid, se mostró crítica y señaló que su partido ha presentado enmiendas tanto parciales como a la totalidad porque consideran que la nueva ley es un grave error que perpetúa prácticas propensas a la corrupción, como la fragmentación de contratos. A su juicio, esta medida representa un paso atrás en el compromiso con los servicios públicos, continuando la tónica de austeridad impuesta por la conocida 'Ley Montoro'.

Desde su perspectiva, esta norma es un mecanismo que podría abrir la puerta a una mayor injerencia en las universidades públicas, limitando su autonomía financiera. Las enmiendas propuestas se centran en la necesidad de regular los contratos menores, mejorar el financiamiento universitario y evaluar las ventajas fiscales en juego.

Por parte del PSOE, su portavoz Mar Espinar no se ha hecho esperar, afirmando que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad al considerar la nueva legislación como una especie de "155 encubierto", que reduce los controles parlamentarios y invade competencias propias del ámbito del gobierno local. "Es un intento más de la presidenta Ayuso que desde luego el Partido Socialista se propone impedir", aseguró.

Desde Vox, Isabel Pérez Moñino se unió a las críticas, señalando que la ley no ofrece mejoras efectivas para la ciudadanía de Madrid y que, en su lugar, privilegia intereses políticos concretos. Denunció una disminución de la transparencia y un creciente control del Ejecutivo sobre asuntos que deberían estar más en manos del parlamento.

A pesar de las críticas, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, defendió la propuesta, desmintiendo las acusaciones de intervención y subrayando que su objetivo es "reforzar la seguridad jurídica" y "modernizar la administración pública". Argumentó que la ley, la número 21 que se aprobará en esta legislatura, es necesaria para sustituir una normativa que llevaba en uso 35 años, adaptándose así a los cambios en la legislación estatal y europea.