
En un nuevo giro de los acontecimientos, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido cancelar el máster sobre captación de fondos que dirigía Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, debido al bajo número de inscritos. Esta noticia ha sido recibida con sorpresa y descontento por parte de Gómez, quien asegura que había más de 50 alumnos preinscritos, mientras que la Universidad afirma que solo había 12 preinscritos y cuatro matriculados.
La decisión fue comunicada por Gómez a través de su perfil de Linkedin, y ha sido confirmada por fuentes de la UCM a Europa Press. Este hecho se suma a la cancelación, el mes pasado, de otro máster relacionado con Gómez, lo que ha generado polémica y controversia en el ámbito académico.
Desde la Universidad explican que la cancelación se debió a la falta de estudiantes matriculados, y que se incluyeron ocho títulos en la decisión, entre ellos los mencionados másters de fundraising. Gómez ha manifestado su desacuerdo con la cancelación, alegando que se ha producido de manera abrupta e inusual, y va en contra del interés educativo de la institución.
Además, Gómez ha expresado que la cancelación no responde a motivos educativos ni económicos, y ha pedido disculpas a los más de 50 estudiantes que se vieron afectados por esta medida. A pesar de esto, asegura que el equipo seguirá trabajando para ofrecer la formación en otro espacio educativo, con el objetivo de continuar brindando esta oportunidad formativa en el Tercer Sector.
Esta noticia coincide con la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de mantener abierta la investigación judicial sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en la que se encuentran involucrados Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache. La investigación se centrará en la cátedra de la UCM y en los contratos bajo sospecha, dejando fuera el caso de Globalia y el rescate de Air Europa.
La Universidad Complutense también anunció recientemente la no renovación de otro máster relacionado con Gómez, debido a la baja demanda y el escaso interés de los estudiantes, así como a la afectación de su imagen institucional. La decisión se basó en la devaluación reputacional y de prestigio derivada de los procedimientos judiciales vinculados a dicha formación.
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