La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y número seis en la lista del PP a la Asamblea, Paloma Martín, ha reiterado que la Comunidad de Madrid cumplirá la Ley por el Derecho a la Vivienda. Sin embargo, ha dejado claro que todas aquellas materias que van a depender de la actuación directa de la autonomía no se realizarán, como es la declaración de zonas tensionadas.

Martín ha señalado que existen disposiciones, como las dificultades para poder desalojar a los que de forma ilegal ocupan un piso, que deben ser aplicadas en toda su extensión, en todo el territorio y con independencia del ayuntamiento.

La titular de Vivienda ha recordado que el propio Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en su informe que la Ley atentaba contra las competencias propias de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Martín ha criticado que sea una ley que interviene el mercado, y que traerá consigo la retirada de viviendas y el aumento de los precios. Ha puesto el foco en que con el mero anuncio de esta ley hace un año se ha producido un efecto directo, dado que en el año 2022 ha disminuido un 17% el número de viviendas en disposición de ser alquiladas y se han disparado los precios un 8,5%.

En cuanto al recurso, la consejera ha explicado que tienen que esperar a que se apruebe de forma definitiva en el Senado esta ley. Posteriormente, los servicios jurídicos de la Comunidad estudiarán aquellas materias que invaden competencias para presentar el recurso ante el TC.

Con lo que tienen encima de la mesa, el texto que conocen y el informe del Consejo General del Poder Judicial, no cabe la menor duda de que la ley atenta contra las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda, ha sostenido.