Este lunes, Más Madrid ha dado un paso importante al presentar una solicitud formal ante la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. La agrupación busca concertar una reunión con Jorge Rodrigo, el consejero responsable, para demandar la creación de una ley autonómica de vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Española.

La solicitud fue respaldada por concejales y portavoces de Más Madrid en los municipios del sur de la Comunidad, según ha informado Europa Press. En el documento dirigido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al consejero, los representantes incidieron en la necesidad de que el Gobierno regional impulse dicha legislación que asegure derechos fundamentales en el ámbito habitacional.

Además, se incluye una solicitud para que se atiendan las demandas de ayuntamientos como Getafe, Alcorcón y Parla, que han solicitado ser declarados como zonas de mercado residencial tensionado. Esta categorización permitiría establecer límites en los precios de los alquileres y crear precios de referencia para los grandes propietarios, alineándose así con la legislación estatal vigente.

Más Madrid ha calculado que en la Comunidad existen alrededor de 60.000 viviendas de obra nueva que actualmente están vacías. Por ello, se ha propuesto la implementación de un plan extraordinario para movilizar estos inmuebles, promoviendo su adquisición por parte del Gobierno para destinarlas a alquiler asequible, así como considerando opciones de cesiones temporales de promotores privados y la creación de un Registro Autonómico de Vivienda Vacía que imponga recargos fiscales a grandes propietarios.

El partido también ha manifestado su intención de construir al menos 50.000 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible y con protección permanente durante esta legislatura, priorizando su localización en los municipios del sur. Asimismo, se aboga por la rehabilitación de viviendas públicas que ya existen y que se encuentran desocupadas o infrautilizadas.

En cuanto a la influencia del turismo en el mercado de alquiler, la solicitud incluye medidas específicas para mitigar el impacto de la turistificación. Se propone limitar la concesión de licencias para Viviendas de Uso Turístico en áreas saturadas y revisar los criterios de concesión desde un enfoque que salvaguarde el uso residencial.

Más Madrid insiste en que estas medidas deben ser coordinadas entre la Comunidad y los ayuntamientos con el fin de detener dinámicas de expulsión vecinal y aumentos injustificados en los precios.

Por otro lado, la formación aboga por el apoyo de la Comunidad a la reforma del contrato de alquiler indefinido a nivel estatal, con el objetivo de favorecer la estabilidad y seguridad en la vivienda. Además, se solicitan mayores ayudas al alquiler para jóvenes y familias en situación vulnerable, así como la implementación de un protocolo de mediación para prevenir desahucios en casos donde no existan alternativas habitacionales.

Finalmente, se plantea la creación de un Observatorio Autonómico de la Vivienda que integre a expertos técnicos, representantes municipales y ciudadanos. Este observatorio tendría la función de recopilar y actualizar datos sobre precios, niveles de tensión en el mercado inmobiliario y el estado de la vivienda vacía, lo que facilitaría el diseño de políticas públicas eficaces.

Emilio Delgado, diputado autonómico y concejal de Más Madrid en Móstoles, ha enfatizado que el estado del mercado inmobiliario representa "el principal problema de los ciudadanos de Madrid", describiéndolo como una "aspiradora de recursos". Recalca que las medidas propuestas no suponen una merma de derechos para los propietarios, advirtiendo que no se permitirán prácticas que expulsen a inquilinos para incrementar el precio del alquiler.

Finalmente, Trinidad Castillo, teniente de alcaldesa en Alcorcón, subrayó la dura realidad de los alquileres en sus municipios, que superan el salario mínimo interprofesional. Señaló que se requieren ahorros de hasta 50.000 euros para poder comprar una vivienda o, en su defecto, tener un salario de 2.500 euros al mes para poder alquilar y mantener un hogar.