Una reciente declaración de una inspectora de Hacienda ha puesto bajo el microscopio las finanzas del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, revelando la posibilidad de que esté implicado en prácticas de evasión fiscal. Según la inspectora, esto se debe a un notable aumento en los ingresos de Alberto González Amador.

En una jornada marcada por la controversia, el secretario general del PSOE-M y ministro de la Transformación Digital, Óscar López, ha demandado la renuncia inmediata de Ayuso, acusándola de beneficiarse económicamente de los supuestos delitos fiscales de su pareja. López expresó que no puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias quien, a su vez, protege a quien intenta evadir esas responsabilidades fiscales.

“Es insostenible que quien defiende a un posible defraudador pueda seguir al frente de la Comunidad de Madrid”, sostuvo López, subrayando que Ayuso debería reconocer que su situación no tiene retorno: “Es un ‘game over’ para ella”. Su exigencia es clara: la única declaración aceptable por parte de la presidenta en el próximo Debate sobre el Estado de la Región sería su dimisión.

El discurso de López continuó, asegurando que la defensa de Ayuso hacia González Amador la convierte en cómplice al no actuar frente a lo que él califica como un “presunto delincuente” que ha intentado negociar con la justicia. Al respecto, la factura de su estilo de vida se ve afectada por estos vínculos irregulares, ya que asegura residir en un lugar cuyo coste estaría relacionado con ese dinero dudoso.

La acusación de Ayuso sobre una supuesta “operación de Estado” para perjudicarla se ve, según López, como una táctica al revés: es ella quien utiliza los recursos del Gobierno para proteger a alguien que podría estar cometiendo un delito. “¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía cuando sus líderes amparan conductas de esta índole?”, se pregunta el dirigente socialista.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, también ha pedido la dimisión de Ayuso y ha bromeado sobre la posibilidad de que la presidenta no acuda al debate, insinuando que podría estar fuera del país tras el escándalo. Espinar enfatizó que la información divulgada confirma la percepción que muchos madrileños ya tenían sobre la situación, negando las afirmaciones de Ayuso de que se trataba de una persecución política.

Espinar añadió que el sospechoso aumento en los ingresos de González Amador, que pasó de 375,000 euros a más de 2 millones en solo un año, es un indicativo claro de irregularidades. “No se puede permitir que mientras Ayuso ha optado por vivir de manera lujosa, el ciudadano medio lidie con el deterioro de los servicios públicos”, concluyó.

LA DECLARACIÓN DE LA INSPECTORA

En el marco del proceso que enfrenta González Amador, el pasado 21 de marzo, dos inspectores de la Agencia Tributaria testificaron ante la jueza Inmaculada Iglesias. Durante su comparecencia, Mercedes Urbano explicó que las indagaciones fiscales surgieron a raíz de un aumento desproporcionado en los ingresos del acusado, lo cual llevó a la identificación de gastos que podrían no ser legítimos.

Urbano puntualizó que en 2020, los ingresos de González Amador se dispararon a aproximadamente 2,33 millones de euros. Esto es desconcertante, según la inspectora, puesto que un incremento en la facturación debería corresponderse con un aumento en la tributación, algo que no sucedió en este caso.

La inspectora explicó que mientras en 2019 el novio de Ayuso había reportado ingresos de alrededor de 375,000 euros, el siguiente año su situación tributaria no se ajustó a esta normativa esperada. En su declaración, resaltó que para minimizar su carga fiscal, González Amador podría haber recurrido a métodos fraudulentos, como la emisión de facturas ficticias.