Una red criminal ha sido desmantelada por la Policía Nacional, liberando a 23 víctimas de explotación sexual en seis provincias de España, incluyendo Jaén, Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares, Lugo y Ciudad Real.

La operación ha llevado a la detención de ocho personas, acusadas de delitos graves como trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Según la investigación, la red se beneficiaba explotando a sus víctimas, incluyendo a una con discapacidad intelectual, a quienes engañaban prometiendo un empleo diferente o bajo condiciones totalmente distintas a las que finalmente las obligaban a someterse.

La organización reclutaba a sus víctimas tanto en España en situación irregular como en su país de origen, principalmente Colombia, a través de conocidos, familiares o compatriotas. Al llegar a España, eran obligadas a prostituirse bajo amenazas y eran trasladadas con frecuencia de una provincia a otra para evitar ser detectadas.

Los líderes de la red contactaban con los clientes a través de páginas web, acordando los servicios sexuales y obligando a las víctimas a pagar más dinero a la organización por cada gestión. Además de la explotación sexual, las mujeres eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes y a trabajar en condiciones inhumanas.

En el desmantelamiento de la red, se han incautado teléfonos móviles, más de 5000 euros en efectivo, drogas como cocaína y 'tusi', y documentación relevante para la investigación. Se ha descubierto que la máxima responsable de la red adquirió propiedades en varias provincias de España y en Colombia con el dinero obtenido de la explotación y la venta de drogas.