"No hay un solo día sin que el Gobierno central actúe en contra de Madrid", lamentó.

MADRID, 28 de diciembre.

Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid y actual alcaldesa en funciones, ha denunciado públicamente la actuación del Gobierno de España, que ha solicitado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que tomen medidas contra el nuevo convenio destinado al personal funcionario y laboral de la Administración regional.

En una declaración ante los medios tras su participación en la San Silvestre Vallecana Mini, Sanz expresó su consternación por el "constante boicot" que, según ella, está llevando a cabo el Ejecutivo central, afirmando que no hay día en que no se oponga a la que considera la "locomotora económica, cultural y deportiva" del país.

Desde el Ministerio de Trabajo, se ha indicado que el artículo 10 y la disposición adicional décima del convenio "abren la puerta" para que, en el caso de que se convoquen huelgas, manifestaciones o concentraciones por parte de los sindicatos que han firmado el acuerdo, la administración regional pueda decidir suspender la implementación de la carrera profesional horizontal, incluyendo la interrupción de las retribuciones de los funcionarios afectados.

Asimismo, en las cartas enviadas a dichos organismos, se advierte que una cláusula de este tipo "penaliza el ejercicio de derechos fundamentales" como la libertad de reunión, manifestación o expresión, constituyendo un "atentado evidente" a esos derechos esenciales.

Sanz consideró "sorprendente" que el Gobierno de España "se dedique a actuar contra la locomotora económica de este país", añadiendo que "una situación así no se ve en ninguna otra parte del mundo". Por ello, solicitó que "si no van a ayudar, al menos que no pongan obstáculos".

La vicealcaldesa subrayó la necesidad de que "no perjudiquen", enfatizando que el agravio no solo afecta al Ejecutivo autonómico, sino a todos los trabajadores que han participado en la negociación de este convenio. "Si no desean contribuir al desarrollo de Madrid, que por lo menos no interfieran", concluyó.

El convenio fue firmado hace dos semanas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y representantes de los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional.

En aquel momento, Ayuso defendió que el acuerdo "aseguraría la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios y de los servicios públicos", anunciando además una inversión regional de 60 millones de euros durante los próximos cuatro años (hasta el final de 2028) para mejorar salarios, formación y carrera profesional de más de 40,000 empleados públicos.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, se ha pronunciado respecto a la petición de la ministra, alegando que esta "quiere sabotear un convenio acordado unánimemente con todos los sindicatos representativos". También destacó que este acuerdo "cumple con todos los requisitos legales necesarios".

Albert acusó a la ministra de querer "perjudicar a más de 40,000 trabajadores públicos que están a punto de ver mejoras en sus condiciones laborales, pudiendo incluso incrementar su salario hasta en un 50%. Lo que está cuestionando es un acuerdo entre dos partes: la Administración y las organizaciones sindicales. ¿Quién es la ministra para cuestionar la decisiones de los sindicatos que han firmado el acuerdo?", enfatizó.

La semana pasada, CC.OO. Madrid solicitó la eliminación de dos artículos del nuevo convenio que, según ellos, "podrían vulnerar derechos fundamentales y laborales básicos".

Desde el sindicato informaron que, tras conocer el contenido de esos artículos y la disposición adicional, realizaron "gestiones para que se eliminaran del texto" e instaron a que se "suspendiera o aplazara la firma del convenio hasta que los organismos pertinentes del sindicato pudieran ratificarlo".