En un contexto de creciente tensión en el ámbito educativo, los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Educación en Madrid (CC.OO, UGT, CSIF y ANPE) se encuentran actualmente evaluando la posibilidad de llevar a cabo acciones legales en contra de la nueva normativa que establece la jornada partida en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Esta medida ha sido rechazada por los representantes sindicales, quienes afirman que limita la democracia en las instituciones educativas y podría afectar negativamente el rendimiento de los estudiantes, así como deteriorar las condiciones laborales del profesorado.

De acuerdo a información proporcionada a Europa Press por los líderes de los sindicatos, CSIF ha dado el primer paso al presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por su parte, CC.OO y ANPE han decidido seguir un camino similar, aunque aún están en el proceso de definir sus alegaciones con el asesoramiento de sus equipos legales. UGT, aunque no ha presentado aún acciones judiciales, sigue evaluando sus opciones de respuesta ante la normativa.

Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, ha argumentado que la cuestión va más allá de la simple elección entre jornada continua o partida. "Es fundamental que los centros educativos cuenten con autonomía democrática para decidir sobre estos temas, y no se puede imponer desde instituciones sin tener en cuenta las necesidades específicas de cada barrio o comunidad", expresó.

En una crítica a la normativa, San Millán advirtió que esta "coarta" la democracia dentro de las escuelas, ya que en el proceso de votación para cambiar la jornada, la última decisión recae en la Dirección de Área Territorial. "Se está limitando el derecho a decidir de la comunidad educativa", enfatizó.

Javier Becerra, secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, mostró su oposición ante un decreto que, según él, afecta directamente las condiciones laborales del personal docente desde las primeras etapas educativas, sin haber sido discutido adecuadamente con las organizaciones sindicales. "Esto crea un clima de trabajo cada vez más tenso, ya que la nueva norma elimina la necesidad de alcanzar un consenso entre todos los actores de la comunidad educativa", manifestó.

Becerra también expresó su preocupación por la falta de claridad respecto a si se proveerán los recursos necesarios —tanto económicos como humanos— para implementar el nuevo modelo. "Esto podría generar un sobrecoste para las familias de los centros afectados", agregó.

Asimismo, Miguel Ángel González, presidente de CSIF Educación Madrid, criticó que esta nueva normativa fue aprobada sin la adecuada negociación sindical, a pesar de los cambios significativos que implica para las condiciones laborales de los docentes. "La Comunidad ha intentado implementar este cambio a espaldas de la comunidad educativa, incluso en un período de vacaciones, buscando reducir la reacción de la sociedad y de los sindicatos", subrayó.

En su intervención, González cuestionó la justificación del Gobierno regional de que la jornada partida mejoraría el rendimiento académico y la conciliación familiar, afirmando que no se han presentado estudios objetivos que respalden dichas afirmaciones, a costa del bienestar laboral del profesorado.

Carolina Fernández, vicepresidenta de ANPE, también expresó su descontento con la falta de respeto hacia la autonomía de los centros para decidir sobre su jornada. "Los docentes son quienes mejor conocen la realidad de sus alumnos, que varían según su entorno", destacó. "No se puede hacer un cambio apresurado sin considerar las repercusiones que esto tendría, especialmente para niños de colectivos vulnerables", añadió.

Fernández señaló que esta normativa implica una subestimación del papel de los educadores en la región, advirtiendo que "los docentes no son simples cuidadores". Concluyó su intervención enfatizando que cada profesión tiene su función y que se les está exigiendo asumir responsabilidades que no les corresponden.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 23 de diciembre el decreto que establece que, en general, la jornada escolar se organice en dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, separadas por un intervalo de dos horas. Sin embargo, las escuelas que lo deseen podrán solicitar el cambio a jornada partida, lo cual deberá ser aprobado por un tercio del Consejo Escolar y tras llevar a cabo consultas con las familias y el claustro docente.

Se prevé que el proceso de modificación incluya votaciones, ya sean presenciales o virtuales, y que la decisión final recaiga en la Dirección de Área Territorial, que deberá basarse en informes pedagógicos y organizativos. Todo ello debe llevarse a cabo antes del 15 de marzo de cada año.