La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de tres individuos de nacionalidad marroquí en el puerto de Algeciras mientras intentaban embarcar en un ferry con destino a Tánger. Esta operación ha permitido recuperar un ordenador que había sido robado en Alicante, perteneciente a una de las abogadas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La información ha sido adelantada por 'elDiario.es' y confirmada por fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Los detenidos se hallaban en posesión del ordenador de la marca Apple que había sido sustraído, además de otros dispositivos informáticos. Actualmente, se encuentran en dependencias policiales a la espera de ser presentados ante la justicia para su correspondiente proceso legal.

Fuentes vinculadas a la investigación han informado que, además del ordenador robado, los aprehendidos llevaban consigo otros equipos informáticos, lo que señala una posible vinculación con el delito común. Es importante destacar que los detenidos no están implicados en delitos de mayor gravedad, según las autoridades.

La abogada de González Amador había interpuesto una denuncia el pasado 12 de enero por un robo en su hogar en Guardamar del Segura, Alicante. En este incidente se habían sustraído diversos materiales tecnológicos, incluidos dos teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles y tres tablets, lo que causó una considerable preocupación en el ámbito profesional de la abogada.

Por otro lado, a finales de diciembre, otro abogado del novio de Ayuso presentó una denuncia por un robo en una vivienda en Turleque, Toledo. A diferencia del primer caso, este hurto no implicó la desaparición de equipos informáticos, aunque sí se reportó la sustracción de varias piezas de bisutería, conforme indicaron las fuentes de la investigación.

Después de estos acontecimientos, la abogada tomó la iniciativa de instar a la Guardia Civil a ampliar la denuncia, buscando establecer una posible conexión entre ambos robos. Esto se debe a que ambos abogados representan a la pareja de la presidenta en casos relacionados con la supuesta comisión de delitos fiscales y otros asuntos legales que involucran al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación a la presunta revelación de secretos, entre otros temas delicados.