El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha afirmado que las autoridades han iniciado procedimientos que podrían resultar en sanciones para los miembros de Vox que participaron este martes en una manifestación frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, actividad que había sido previamente prohibida por las autoridades para proteger a los menores que residen allí.

Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, se encontraba entre los asistentes, junto a otros representantes del partido, incluyendo a Rocío de Meer, diputada nacional y portavoz nacional en temas de emergencia demográfica. Durante la movilización, demandaron el cierre del centro y la clausura de todas las instalaciones de acogida consideradas "ilegales" en el territorio español.

En una entrevista con la 'Cadena Ser', Martín declaró que, tras las identificaciones realizadas por la Policía, se levantarán actas para proponer sanciones a los participantes de la concentración. Afirmó que se tiene constancia de que las actuaciones policiales se han traducido en filiaciones y que todo indica que efectivamente habrá consecuencias para aquellos que desafiaron la orden de prohibición.

El delegado recalcó que la decisión de prohibir la concentración se basó en el alto riesgo que implicaba, ya que se consideró un acto potencialmente hostigador hacia los menores en la entrada del centro de acogida.

Martín lamentó que, a pesar de la prohibición, la manifestación se llevara a cabo, señalando que sería de esperar que un partido político, como Vox, actúe con ejemplaridad al seguir las normas establecidas para el bienestar de todos, particularmente de los más vulnerables.

Además, criticó el “discurso de odio” que predomina en algunos sectores, relacionado con la migración, haciendo eco de la reciente violación de una menor de 14 años, supuestamente llevada a cabo por un residente del centro. Martín argumentó que las discusiones no deberían centrarse en la nacionalidad del agresor, sino en el hecho de la violencia sexual en sí misma.

El delegado resaltó que en Madrid se han registrado 256 violaciones en lo que va del año, lo que representa una disminución respecto al año anterior. Sin embargo, su preocupación se centra en cómo se utiliza el caso específico de la menor para promover un discurso racista y xenófobo en lugar de ofrecer un enfoque justo y propietario que considere a la verdadera víctima.

”La preocupación por la violencia sexual parece depender de cómo puede ser utilizada para justificar un discurso de odio hacia los migrantes africanos, lo que es profundamente grave e injusto. Esto crea un ambiente de amenaza adicional hacia aquellos que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema”, concluyó Martín.