En la capital española, el 13 de noviembre, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha abordado el reciente escándalo relacionado con los cribados de cáncer de colon, asegurando que la raíz del problema radica en una falta de información y no en tratamientos o diagnósticos. Aseguró que la situación fue provocada por una empresa que, según ella, ha sido ocupada por el Gobierno de España.

Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, Ayuso enfatizó que gracias a la Consejería de Sanidad se han logrado detecciones tempranas, respondiendo así a la diputada de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien planteó preocupaciones sobre el envío erróneo de cerca de 600 cartas que indicaban resultados incorrectos de los cribados.

Bergerot, en su intervención, criticó duramente la gestión del Gobierno regional al afirmar que es "mezquino" enviar notificaciones tranquilizadoras a personas cuyos diagnósticos sugieren un posible cáncer. Además, destacó la falta de médicos de familia y cuestionó la situación de las mamografías, sugiriendo que las mujeres son enviadas a centros privados en horarios inconvenientes mientras que los hospitales públicos mantienen sus mamógrafos inactivos durante las tardes.

Ayuso respondió a las críticas de Bergerot, acusándola de mezclar temas y utilizar sus intervenciones para insultar en lugar de ofrecer soluciones. En un tono contundente, hizo un llamado a su partido a cesar en sus ataques, argumentando que deberían mostrar mayor respeto hacia la población que dicen representar.

Al mismo tiempo, la presidenta regional reiteró que su administración se preocupa por todas las familias, aunque reconociendo que cada una tiene necesidades específicas. Propuso que ninguna familia debe quedar desamparada, ejemplificando con situaciones como las de padres solteros con requisitos especiales en términos de conciliación.

En su defensa, Ayuso enumeró diversas iniciativas que su Gobierno ha implementado, incluidas la ampliación de tratamientos de fertilidad en el sistema público hasta los 45 años y la consideración del estado gestacional para facilitar el acceso a recursos como becas y guarderías. También mencionó ayudas directas que pueden alcanzar los 14.500 euros para madres jóvenes o en el caso de adopciones múltiples.

Por otra parte, la diputada Bergerot no escatimó en criticar a la administración regional, sugiriendo que se trataba de un "numerito" al no proporcionar datos sobre los cribados al Ministerio de Sanidad. También cuestionó la falta de dimisiones en la Consejería de Sanidad y alegó que la privatización de la sanidad pública en favor de entidades como Quirón se estaba llevando a cabo a expensas de la ciudadanía.

Bergerot planteó un dilema crucial: la necesidad de elegir entre la calidad de la sanidad y la educación o la reducción de impuestos para las clases altas, así como la intervención en el mercado de la vivienda para garantizar el acceso a un hogar digno para todas las familias, en contraste con la protección de intereses especulativos.

Finalmente, cuestionó a Ayuso sobre la viabilidad de sostener a una familia en Madrid con un salario único de apenas 15.000 euros al año, poniendo en entredicho la capacidad de hacer frente a gastos básicos como el alquiler, la escuela infantil o los comedores escolares. Con un tono incisivo, concluyó que sin apoyo familiar, muchas personas "malviven" en la región debido a que las políticas actuales priorizan los derechos de los propietarios de viviendas sobre las necesidades de los hogares más vulnerables.