El 7 de octubre, desde Madrid, ha surgido una fuerte reacción por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra un nuevo real decreto que establece criterios para la creación de universidades en España. Ayuso considera que esta medida representa un asalto sin precedentes a la iniciativa privada y a las libertades fundamentales en el ámbito educativo y empresarial. El Ejecutivo regional ha declarado su firme intención de impugnar esta normativa mediante todas las vías legales pertinentes.

Las declaraciones provienen de Emilio Viciana, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, quien se expresó en estos términos tras la aprobación del real decreto por parte del Consejo de Ministros. Este decreto busca asegurar que todas las universidades, sin importar su ubicación, se adhieran a estándares de calidad, en medio de un aumento notable de universidades privadas en los últimos años. Cabe resaltar que la última universidad pública fue creada en 1998: la Universidad Politécnica de Cartagena.

Desde la Comunidad de Madrid, este nuevo marco normativo ha sido calificado de “esperpento”, argumentando que infringe principios constitucionales y la distribución de competencias que rige entre el Estado y las comunidades autónomas. Viciana ha expresado que lo aprobado por el Gobierno central es un ataque directo a los derechos fundamentales que garantizan la libertad educativa y la creación de instituciones académicas.

El consejero también critica el enfoque del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que este decreto no tiene como finalidad mejorar la calidad educativa, sino que persigue una agenda ideológica. Según su análisis, introduce requisitos que considera arbitrarios, como la necesidad de un número mínimo de alumnos para la creación de nuevas universidades, limitando así la libertad de innovación educativa.