En un contexto de creciente tensión social, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su intención de llevar a los tribunales y a la Unión Europea el tema de la inmigración en la región. Su intervención se produce tras una reciente agresión sexual en Alcalá de Henares, un incidente que ha acaparado la atención mediática y que ella describe como "inasumible".

Durante su intervención en el Foro de Salud de elEconomista, Ayuso hizo hincapié en su compromiso por cerrar los centros de inmigrantes en Alcalá de Henares, Pozuelo y Campamento, afirmando que la situación es absolutamente insostenible. Su discurso refleja una postura crítica hacia la gestión actual del tráfico migratorio y sus consecuencias sobre la seguridad en las comunidades locales.

La presidenta también expresó su apoyo a Judith Piquet, la alcaldesa de Alcalá de Henares, quien ha sido injustamente acusada de ser "cómplice" del reciente crimen. Ayuso tildó de "inconcebible" esta acusación, destacando que la alcaldesa no tiene responsabilidad en los eventos que se han desarrollado en su ciudad.

En una crítica más amplia, Ayuso denunció que los inmigrantes están siendo dejados a la deriva en las calles de Madrid sin un sentido claro de comunidad. Aseguró que este desamparo y falta de integración forman parte de un problema mayor, que, según ella, está orquestado por el Gobierno para causar conflictos sociales y sobrecargar los servicios públicos.

La líder madrileña no escatimó en señalar la inhumanidad de esta situación, tanto para los inmigrantes como para los ciudadanos españoles que enfrentan dificultades a causa de la falta de gestión adecuada. Su retórica se intensificó al afirmar que los inmigrantes que contribuyen al progreso del país no deberían ser estigmatizados ni responsabilizados por la supuesta ineptitud del presente gobierno, refiriéndose de manera crítica al presidente Pedro Sánchez.

Ayuso hizo un llamado a reconocer el papel crucial que desempeñan muchos inmigrantes en sectores vitales de la economía, desde la hostelería hasta la agricultura. Aseguró que estas personas, que diariamente sostienen el país, no deben ser señaladas por la incapacidad histórica en el manejo de la política migratoria.

Finalmente, la presidenta anunció que sus esfuerzos por abordar esta problemática continuarán a nivel internacional, llevando su reclamo a Europa y a los países vecinos que también enfrentan las consecuencias de las decisiones tomadas por Sánchez. Subrayó la urgencia de tratar el creciente flujo de inmigrantes que entran al país y la crisis que afecta a los menores no acompañados, manifestando su preocupación por el futuro de estas políticas migratorias.