En un hito significativo para la gestión del transporte urbano, Madrid se prepara para un cambio que redefine la gestión de su infraestructura vial. A partir del 1 de enero, Madrid Calle 30, la entidad encargada de la M-30, se convertirá en una institución completamente municipal, según ha anunciado Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento.

Este cambio marca la culminación de un proceso que comenzó hace varios años y que se enfoca en mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la M-30, lo que se traduce en un ahorro proyectado de más de 1,000 millones de euros para el municipio en los próximos 15 años. La adquisición de las acciones del socio privado, Emesa, fue formalizada recientemente, un paso crucial para completar esta transición hacia un modelo de gestión público y local.

García Romero expresó su satisfacción por este nuevo modelo, asegurando que no solo se trata de una opción más económica, sino también de un compromiso con la calidad del servicio. "Los madrileños pueden estar tranquilos, ya que el estándar de excelencia en la prestación del servicio se mantendrá intacto", enfatizó la delegada.

Además, la delegada subrayó que los trabajadores seguirán formando parte del equipo de gestión de Calle 30, asegurando así la continuidad en la calidad del servicio ofrecido. "Con esta transición, no solo garantizamos la eficiencia económica, sino también el compromiso con la atención hacia nuestros ciudadanos", añadió.

El pasado 27 de noviembre, la Junta de Gobierno, liderada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, aprobó la compra de las acciones del socio privado por aproximadamente 104 millones de euros, lo que permitirá que la gestión de la M-30 sea completamente pública. Esta medida refleja un compromiso por parte del Ayuntamiento para hacer frente a los retos de movilidad de la ciudad de manera más efectiva y sostenible.

Desde su apertura, la M-30 ha sido un componente crítico del sistema de transporte de Madrid. Inicialmente gestionada de forma municipal desde su titularidad en 2004, comenzó a operar como una sociedad mixta en 2005, lo que generó un esquema de administración que, aunque eficiente, ha suscitado debates sobre la importancia del control público sobre infraestructuras esenciales.

Este nuevo enfoque busca no solo reducir costos, sino también fortalecer el vínculo entre la infraestructura y la ciudadanía. La M-30, un anillo de 32 kilómetros en su mayoría subterráneo, es considerada la red de túneles más extensa de Europa y la segunda a nivel mundial, y es fundamental para el tráfico urbano, con un aumento significativo de usuarios en 2024.

Con esta apuesta por la gestión pública, el Ayuntamiento reafirma su compromiso por la movilidad sostenible y la eficiencia, factores clave para el desarrollo de una ciudad más habitable y conectada. La senda hacia un transporte más igualitario y accesible para todos los madrileños está trazada, y este cambio de modelo es solo el primer paso.