MADRID, 24 de noviembre.

Este lunes, el sindicato CCOO de Madrid ha denunciado el alarmante aumento de la violencia sexual en la región, con un total de 1.582 delitos de libertad sexual registrados, lo que representa un incremento del 8,6% en comparación con 2024. Esta situación ha sido atribuida a la creciente desconfianza de las mujeres madrileñas hacia el sistema de protección vigente para las víctimas.

En el marco de la presentación de su informe anual en el contexto del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, CCOO ha propuesto una serie de medidas, incluidas una nueva estrategia para abordar la violencia de género y un programa integral de formación y sensibilización.

Lidia Fernández, responsable del área de Mujer en CCOO Madrid, junto a la secretaria general del sindicato en la comunidad, Paloma López, subrayaron la importancia de "visibilizar" la violencia machista y revertir los discursos negacionistas que perpetúan la desigualdad de género.

Fernández explicó que, durante el segundo trimestre de 2024, se contabilizaron 1.457 delitos contra la libertad sexual, cifra que ha aumentado a 1.582 en el mismo periodo de 2025. Este incremento resalta la urgencia de actuar ante una problemática que afecta a tantas mujeres.

Además, la organización NeuroStar ha revelado que se estima que 4,4 millones de mujeres en España han experimentado algún tipo de acoso sexual en el entorno laboral a lo largo de su vida, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar esta forma específica de violencia, que a menudo se denuncia con poca frecuencia y recibiendo aún menos sanciones.

El informe, que fue finalizado el 10 de noviembre, no incluye dos recientes asesinatos machistas, lo que eleva a tres el total de mujeres asesinadas en la Comunidad de Madrid, mientras que la cifra asciende a 38 a nivel nacional durante 2025. Este dato se mantiene similar al del año anterior, que tuvo cuatro asesinatos en la región.

"Es crucial que la sociedad reconozca que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones más brutales de la desigualdad entre géneros, así como una violación de derechos humanos de escala global", enfatizó Fernández, reflejando la urgencia de abordar esta cuestión desde una perspectiva más amplia.

Asimismo, Fernández enfatizó que todavía predomina el modelo de denuncia a través de atestados policiales, lo que indica que una gran cantidad de víctimas no se sienten seguras para denunciar. "El hecho de que no accedan a los servicios de atención indica una falta de confianza en el sistema de protección", agregó.

Además, ha aumentado el número de mujeres que han optado por no declarar en calidad de testigos, una tendencia que se refleja en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. En total, 329 mujeres han recibido apoyo bajo el artículo 27 de la Ley Integral en la región durante los años 2024 y 2025, una cifra que se queda muy corta en comparación con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, donde los números son significativamente más altos.

López destacó que, a pesar de que la Comunidad de Madrid contaba con estrategias contra la violencia de género y la trata, estas llevan caducadas desde 2021 y carecen de financiación adecuada, lo que limita severamente su efectividad.

En su análisis, subrayó que la falta de una estrategia clara ha llevado a inversiones sin objetivos definidos, y el escaso dinero destinado a estas iniciativas se destina a propuestas cada vez más reducidas. De los 52 millones de euros inicialmente previstos, solo se han ejecutado 16 millones hasta la fecha.

Esto refleja, en la opinión de López, la falta de compromiso del Gobierno Regional del PP para implementar políticas efectivas en la lucha contra la violencia machista. 'Es fundamental que se elabore y ponga en marcha una nueva estrategia contra la violencia de género en Madrid', afirmó.

Además, hizo un llamado urgente a crear una comisión de seguimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que incluya la participación activa de organizaciones de mujeres y agentes sociales, así como asegurar la asignación y ejecución del 100% de las partidas presupuestarias necesarias.

López también comentó que los centros de día para víctimas de violencia de género se encuentran actualmente sobrecargados, atendiendo a mujeres en riesgo de exclusión social, lo que pone de manifiesto la necesidad de ampliar estos recursos.

Por su parte, Fernández señaló que muchos servicios de atención han sido externalizados, cuando deberían ser considerados esenciales. Hizo un llamado a fortalecer programas de inserción sociolaboral, a implementar un modelo educativo que priorice la coeducación y la educación afectivo-sexual, y a combatir el sexismo de manera activa.

Finalmente, resaltaron la urgente necesidad de establecer marcos normativos que abolen la prostitución y erradiquen todas las formas de violencia, así como la obligación legal de la Comunidad de Madrid de garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en hospitales públicos.