La comunidad educativa de Madrid está en pie de guerra ante lo que consideran un inaudito abandono de la Formación Profesional (FP). La organización Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la grave escasez de recursos que afecta a los centros públicos de FP en la región, al mismo tiempo que critica el modelo privatizador que ha llevado al Gobierno regional, con casi la mitad del alumnado inscrito en instituciones privadas, a desatender la educación pública.

Paloma López Bermejo, secretaria general de CCOO Madrid, y Aída San Millán, responsable de la Federación de Enseñanza del sindicato, han compartido su análisis sobre la situación de la FP en la capital durante una presentación reciente. Ambas representantes han resaltado las crecientes desigualdades que impiden el acceso equitativo a la formación, lo que, a su vez, genera una disparidad en el mercado laboral que favorece a aquellos que pueden permitirse la educación privada.

El estudio presentado muestra que el incremento en las matrículas de FP desde 2008 está estrechamente ligado a la expansión de la oferta en centros privados. En el curso 2023-2024, un alarmante 48,2% del alumnado se encuentra en estas instituciones, dejando a la pública en una situación de notable desventaja.

La situación es más crítica en la FP de Grado Superior, donde más de la mitad de los estudiantes (51,9%) recibe su educación en centros privados. Este fenómeno es particularmente marcado en áreas como la Sanidad, donde un asombroso 76,5% de los alumnos de FP Superior están matriculados en entidades privadas.

Para López, lo que el Gobierno regional presenta como "libertad de elección" se traduce en una presión implícita sobre las familias para que opten por centros privados. Su afirmación resuena con fuerza: la FP es un recurso vital para acceder a empleos de calidad, y la falta de apoyo a lo público está socavando esta oportunidad.

Los datos evidencian que los centros públicos soportan una carga mayor en términos de ratios de alumnado: 22,2 en FP Superior, por ejemplo, frente a 18,6 en privados, lo que pone de manifiesto un sistema que parece estar diseñado para favorecer al sector privado a expensas de la calidad en la educación pública.

Un informe adicional de CCOO revela que más de 48,000 solicitudes de inscripción en centros públicos no fueron atendidas, lo que refleja un desbordamiento crítico en la demanda educativa. En respuesta, el sindicato demanda la creación de más de 2,000 nuevos grupos de FP y la contratación de casi 4,000 docentes para cubrir esta brecha.

La importancia de las prácticas en el proceso de titulación está en el centro de esta problemática, ya que sin ellas, los estudiantes quedan atrapados en un limbo que retrasa su entrada en el mercado laboral. El informe también señala que la distribución de género en la FP perpetúa estereotipos que contribuyen a desigualdades futuras, con mujeres concentradas en áreas como Sanidad y hombres dominando campos como la informática.

Las disparidades en la elección de estudios son notables: el 75,4% del alumnado de FP de Grado Superior en sanidad son mujeres, mientras que en informática apenas representan el 16,7%. Esta segregación educativa envía señales desalentadoras respecto a la equidad de género en el ámbito laboral.

La relación entre el nivel educativo y el acceso a empleos de calidad se hace evidente en las cifras: aquellos con títulos de FP Básica y Media presentan tasas de desempleo significativamente menores que quienes solo alcanzaron la educación secundaria, y aquellos con estudios superiores gozan de tasas de desempleo aún más reducidas.

CCOO subraya que la FP no solo es una puerta de entrada al mercado laboral, sino también una herramienta esencial para combatir la precariedad. Las diferencias salariales basadas en el nivel educativo refuerzan esta necesidad, ya que los datos muestran que aquellos con FP de Grado Superior tienen salarios mucho más altos en comparación con los que solo poseen estudios primarios.

Ante esta situación crítica, CCOO reclama un sistema de financiación que sea justo y sostenible, la expansión de la red de centros públicos de FP, y un fortalecimiento de las plantillas docentes, junto con medidas que aborden los estereotipos de género en la elección de estudios. La lucha por una educación pública de calidad se presenta como un imperativo ineludible si se quiere asegurar un futuro laboral más equitativo para todos.