La Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de tomar las "medidas necesarias" ante la Ley de Vivienda nacional, alegando que es "invasiva" y calificando de "sectario" el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana Per Catalunya (ERC) y EH Bildu para su aprobación. Según el Ejecutivo regional, se trata de una ley elaborada sin consenso y que invade las competencias autonómicas de Madrid, vulnerando la libertad y la hucha de las familias.

El acuerdo del Gobierno con Bildu y Esquerra implica, entre otras cosas, limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas. Esta ley es clave para el gobierno progresista, PSOE y Unidas Podemos, que han buscado acercar posturas con estas fuerzas del bloque de investidura en las últimas fechas, y que presentan un anuncio de pacto que llega en vísperas de las elecciones del 28M.

La Comunidad de Madrid ha afirmado que esta ley incluye una invasión de las competencias autonómicas, convirtiendo el derecho a la vivienda digna de la Constitución en un pretexto para justificar la intervención de la economía, los territorios y las personas. La Comunidad de Madrid defiende que el derecho a la vivienda no es un derecho subjetivo o fundamental como trata de imponer la nueva ley, sino una configuración legal cuyos límites se encuentran recogidos en la propia Constitución, y que la función social de la vivienda no puede limitar el alcance del derecho de propiedad.

"Dado que la Comunidad de Madrid defiende los intereses de las personas, se adoptarán las medidas necesarias que contempla la normativa vigente para proteger a la región y a sus competencias constitucionales de las posibles injerencias intervencionistas e inaceptables", concluye el comunicado difundido por el Gobierno regional.

En febrero de 2022, la normativa llegó al Congreso y, tras superar el debate de totalidad en marzo del mismo año, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales, y todo pese a que los dos socios del Gobierno pidieron que se tramitara de urgencia. En ese trámite de enmiendas volvieron a surgir divergencias dado que Unidas Podemos presentó enmiendas parciales al texto, bajo el argumento que, sin incorporar más avances, la norma no sería aceptada por ERC y Bildu, cuyo voto es clave para conseguir que culmine la tramitación parlamentaria. Mientras, el PSOE afeó que salieran del marco que se había consensuado en el seno del Ejecutivo, pero también trazó contactos con las dos fuerzas independentistas.