La manifestación, originalmente programada para el 28 de abril, fue reprogramada debido a un apagón eléctrico que afectó a gran parte del país, pero ahora está lista para llevarse a cabo.

MADRID, 22 de mayo. La comunidad educativa de España se unirá este jueves en Madrid en una gran manifestación bajo el lema "¡Defendamos la educación pública!", en un esfuerzo conjunto que abarca desde la educación infantil hasta la universitaria, tras la suspensión de la marcha anterior.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de numerosos colectivos, plataformas, sindicatos y asambleas, empezará a las 18:00 horas y transitará por las principales calles del centro de la ciudad, desde Atocha hasta la icónica Puerta del Sol.

El evento de este lunes será la segunda jornada de protestas que reúne a representantes de todos los niveles del sistema educativo, luego de la exitosa marcha del 23 de febrero, que atrajo a unas 25.000 personas según fuentes oficiales, aunque los organizadores aseguran que el número real alcanzó las 100.000.

Los miembros de la comunidad universitaria han expresado su creciente preocupación por la "asfixia económica" que padecen las universidades públicas y temen que la nueva ley regional de universidades, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), solo agrave la situación. Hasta el momento, solo hay un borrador del que se están discutiendo detalles con los rectores.

En un desayuno informativo, los rectores de las seis universidades públicas en Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) hicieron un llamado a la acción, alertando que "la universidad pública está en peligro" y que "el futuro de la España del 2050" está en juego, además de advertir sobre el impacto en la calidad de la democracia.

La rectora en funciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, enfatizó que "es esencial establecer un modelo de financiación que refleje la demanda social hacia las universidades", añadiendo que esto no debe hacerse a expensas de la autonomía académica.

Durante el mismo encuentro, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, destacó que "no existe financiación inocente; siempre se encuentra ligada a intereses", aludiendo indirectamente a la situación de las universidades en la región, citando la necesidad de reconsiderar qué intereses son realmente legítimos y cómo esto impacta en la educación.

Las plataformas agrupadas bajo el nombre "Por la pública" han delineado en un comunicado las razones detrás de su protesta, señalando que las universidades están sufriendo una "asfixia económica",ti la falta de apoyo del Gobierno regional, que solo financiará el 70% de sus necesidades. También critican la creciente privatización y el control gubernamental sobre la autonomía universitaria.

Aparte del decálogo de quejas, se han presentado propuestas sobre lo que debería incluir la nueva ley, como "controles más estrictos sobre las universidades privadas", "el fin de los contratos inestables" y la "reducción de la influencia del Gobierno regional y del capital privado" en la educación superior.

Como parte de sus reivindicaciones, durante abril se han llevado a cabo diversas acciones, incluyendo encierros de alumnos y docentes en diferentes facultades y la creación de un mural que clama por "una universidad pública bien financiada".

Adicionalmente, el sindicato Comisiones Obreras ha manifestado su apoyo a la marcha, pidiendo detener el proyecto de ley propuesto por el Gobierno regional, el cual consideran que perpetúa la infrafinanciación de las universidades públicas mientras facilita su privatización.

La Consejería de Educación ha argumentado que actualmente se encuentra en un proceso de diálogo con los rectores y que el documento en discusión no es definitivo. Se mencionó el consenso sobre la necesidad de una nueva ley, aunque críticos opinan que se está priorizando la respuesta a las demandas de los rectores sobre el bienestar de los estudiantes.

Además, el consejero de Educación ha defendido la inversión del Gobierno en las universidades, asegurando que la Comunidad de Madrid destina un porcentaje significativo de su presupuesto a este sector, a pesar de las críticas sobre la insuficiencia de estos fondos.

La convocatoria no solo incluye a la educación universitaria, sino también a otros niveles educativos. La agrupación Menos Lectivas, que representa a más de 200 asambleas de centros educativos, ha sido fundamental en la organización de estas protestas.

Aunque recientemente se firmó un acuerdo para reducir las horas lectivas en Secundaria y aumentar la cantidad de docentes en Infantil y Primaria, Menos Lectivas considera que estas medidas son "insuficientes" para abordar las necesidades de la educación pública.

En respuesta, esta agrupación continúa abogando por "la reducción de ratios", una "mejora de infraestructura", y un enfoque más intenso en la diversidad y en la eliminación de la segregación en el sistema educativo, comprometiéndose a luchar por una educación de calidad para todos.