El conflicto entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, ha escalado tras la decisión del Ejecutivo de presentar un recurso contencioso-administrativo, buscando medidas cautelares para evitar el cierre definitivo del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) destinado a las personas refugiadas en la localidad.

Este paso ha sido confirmado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que este jueves aseguró estar a la espera de una resolución judicial, en un contexto de creciente tensión entre las autoridades municipales y las del Gobierno central.

El CREADE, un centro que fue cedido por la Seguridad Social al Ministerio de Migraciones en 2022, ha servido de refugio para más de 100.000 personas que han buscado protección internacional, especialmente desde el inicio del conflicto en Ucrania, según explicaron fuentes ministeriales. Hasta la fecha, no se habían registrado problemas con el Ayuntamiento en torno a su funcionamiento.

En la actualidad, el centro alberga a 125 mujeres ucranianas en situación de protección temporal, así como a refugiadas de otras nacionalidades. Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha solicitado al Gobierno información detallada sobre el futuro del CREADE y ha manifestado su intención de utilizar todos los recursos legales disponibles para asegurar que el cierre se lleve a cabo.

Tejero hizo llegar su solicitud en una carta a la ministra Elma Saiz, después de que el Ministerio organizara un evento en el CREADE con motivo del Día del Migrante, lo que ella considera inapropiado, dado que el Ayuntamiento ya había notificado la clausura del centro y el plazo para reubicar a las personas allí residían.

La alcaldesa expresó su descontento, señalando que sería lógico haber sido invitada al evento y que no se había comunicado adecuadamente el estado del centro. La resolución del Ayuntamiento indica que la operación del CREADE no cuenta con los permisos correspondientes y establece un periodo de cuatro meses para ejecutar su cierre, un prazo que concluirá el próximo 17 de enero de 2026.

Tejero también destacó que el Ayuntamiento no ha recibido notificaciones del Ministerio sobre el cumplimiento de esta resolución, ni ha visto acciones para obtener los permisos requeridos. Además, expresó su preocupación por la falta de información sobre si se ha presentado algún recurso judicial, el cual debería haber sido interpuesto antes del 17 de noviembre.

Ante esta situación, la alcaldesa ha instado a la ministra a que explique qué medidas se están tomando para garantizar el cumplimiento de la resolución municipal, remarcando que el CREADE no tiene un título habilitante y que, según las regulaciones establecidas, debería cesar su actividad.

Finalmente, Tejero dejó claro que el Ayuntamiento de Pozuelo está decidido a actuar con firmeza, afirmando que el Gobierno tiene un mes para ejecutar el cierre y que todos los recursos legales posibles serán utilizados para hacer cumplir la orden.