MADRID, 18 de diciembre. En una decisión significativa, el Gobierno español está avanzando en su intención de establecer espacios de acogida para menores migrantes que buscan asilo en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid.

Esta iniciativa se ha concretado tras la orden emitida por el Tribunal Supremo, que ha instado al Ejecutivo a asumir la responsabilidad de estos menores en un plazo no mayor a 30 días. La medida responde a la creciente preocupación por la situación de los jóvenes migrantes bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Estado de Migraciones han declarado a Europa Press que el asunto ya está siendo evaluado por la Abogacía del Estado, quien se encargará de preparar una respuesta a la alta corte. En este contexto, el Ministerio ha asegurado que actuará siguiendo el principio del interés superior del menor, tal como lo hizo anteriormente con los jóvenes en Canarias, y que se habilitarán las plazas necesarias en el CREADE.

El auto emitido por el Supremo destaca la necesidad de actuar con la colaboración de la comunidad autónoma y enfatiza que todas las acciones deben centrarse en el bienestar de los menores no acompañados que han solicitado o expresado su intención de solicitar protección internacional.

En este caso, la Comunidad de Madrid había presentado un recurso contencioso-administrativo debido a la negativa del Gobierno central a cumplir con su demanda anterior, lo que llevó a la adopción de la medida cautelar que ahora se implementa.

El tribunal, en su resolución, recuerda decisiones previas tomadas en relación con la situación de menores en Canarias, subrayando que los fundamentos legales son similares, ya que ambos contextos involucran a menores en busca de asilo que no están integrados en el sistema nacional de protección.

A pesar de las similitudes, el Supremo resalta que existen diferencias fundamentales, principalmente en el número de jóvenes involucrados. Se estima que entre 38 y 50 menores están en cuestión en Madrid, en contraste con los miles que enfrentaban condiciones de hacinamiento en Canarias.

El tribunal concluye que el número relativamente menor de afectados en este caso no debe inhibir la adopción de medidas cautelares que prioricen el interés superior de los menores. Mantener a estos jóvenes sin acceso a sus derechos reconocidos por la ley nacional y europea sería inaceptable.