En un caso que ha generado controversia en el ámbito académico, el exrector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo Urroz, compareció este lunes ante la Audiencia Provincial de Madrid, enfrentando acusaciones por presunta prevaricación administrativa. Romo afirmó que su único papel en el proceso de selección de personal docente en diciembre de 2017 fue el de firmar la convocatoria, un acto que ha sido impugnado debido a supuestas irregularidades en el mismo.

Romo, junto a cinco otros altos cargos de la universidad, responde a las denuncias de un particular que en 2019 acusó de anomalías en la forma en que se adjudicaron los puestos docentes. Este juicio ha puesto de relieve la tensión entre la administración educativa y las denuncias de falta de transparencia en los procesos de selección.

A pesar de las serias acusaciones, la fiscalía decidió no presentar cargos, alegando la ausencia de delito, mientras que la acusación particular, a cargo del abogado Marcos García Montes, solicita una inhabilitación de hasta tres años para el exrector como medida de castigo.

En su declaración, Romo subrayó que su accionar se limitó a firmar la convocatoria bajo las normas establecidas por los Presupuestos Generales, que exigían la regularización de puestos ocupados interinamente. Según él, la universidad llevó a cabo un total de 31 concursos para llenar 39 plazas en diferentes departamentos, respaldando su actuación conforme a la normativa vigente.

El exrector también enfatizó que no participó en la comisión de selección, de la que dijo no tener relación "ni antes, ni durante, ni después" del proceso, aunque reconoció que tenía conocimiento de algunos de sus miembros, dado que eran colegas de la institución.

Los demás acusados en el caso coincidieron en señalar que los criterios de selección son estrictos y universales, lo que garantiza un proceso justo e imparcial. Uno de los procesados insistió en que estos parámetros son inamovibles y están regulados a nivel internacional.

El fiscal ha solicitado la absolución de Romo y de los otros cinco implicados, señalando que las acusaciones de irregularidades en el proceso de selección carecen de fundamento sólido.

El consejo de gobierno de la Universidad Carlos III formó una Comisión de Selección el 13 de febrero de 2018, compuesta por los otros cinco acusados, con la misión de evaluar a los candidatos para las plazas docentes. Según la Fiscalía, no se han presentado impugnaciones hasta la fecha y las pruebas de selección se llevaron a cabo de acuerdo con los requisitos establecidos, culminando en la elección de tres candidatos conforme a lo publicado en el BOE.

El demandante, quien participó en el concurso, no fue seleccionado y argumenta que su exclusión se debió a motivos ilegítimos, sugiriendo que existían vínculos personales entre algunos miembros de la comisión y los candidatos elegidos. Si bien optó por un recorrido administrativo para impugnar el proceso, también decidió presentar una denuncia penal, lo que ha añadido un giro legal adicional a esta controversia.