El TSJM lleva al Supremo el caso de revelación de datos de la pareja de Ayuso para determinar si se acusa al fiscal general.
El abogado Alberto Amador y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) solicitaron al juez que se apartara de la investigación
MADRID, 15 Jul.
El juez Francisco José Goyena ha decidido elevar al Tribunal Supremo el caso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos por parte de un funcionario en relación a la denuncia presentada por Alberto González Amador, compañero de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
González Amador llevó a juicio la difusión de una nota en la que la Fiscalía de Madrid informaba sobre el intercambio de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto en el caso de presunto fraude fiscal en el que estaba siendo investigado.
En una resolución a la que tuvo acceso Europa Press, el juez ha decidido elevar una exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que considere si debería declararse competente para continuar con estas diligencias.
"Creemos que continuar con estas diligencias requeriría, en nuestra opinión, contrastar los hechos con la versión que pudiera proporcionar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz", indica el auto.
En otra resolución, el juez decide archivar el caso contra Julián Salto al considerar que las investigaciones realizadas "demuestran, sin lugar a dudas, que su participación en la elaboración de la Nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue simplemente instrumental".
La decisión de apartarse de la investigación se produce después de que el juez enviara a las partes un escrito en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumía la responsabilidad de la difusión de la nota sobre los correos electrónicos entre el fiscal Julián Salto y la defensa de Alberto González.
En su declaración, García Ortiz admitió verbalmente en un acto oficial celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el 10 de este mes, en el que también pidió que el caso fuera remitido al Tribunal Supremo.
El magistrado enfatiza en su resolución que la difusión de la nota "no se ajusta a la supuesta finalidad que alega el Ministerio Fiscal", que era desmentir un rumor, ya que "además de exceder en su contenido a lo que se ha publicado en la prensa, implica la divulgación de datos e información que no debería ser revelada a terceros".
Cree que esto perjudica "a un tercero e incluso a un interés colectivo, considerando el derecho de defensa no solo del individuo, sino en general y en relación con la finalidad de la denuncia presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid".
Así mismo, hace referencia al testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien sugirió que "la supuesta justificación para la difusión de la nota podría haber tenido un formato y contenido diferente que no violara la obligación de confidencialidad que debía haberse mantenido".
También menciona el comunicado en el que el fiscal general asumió su responsabilidad en la difusión de la nota, y dado que es un funcionario protegido, este juez no puede hacerse cargo de esa declaración.
Por lo tanto, si lo considera adecuado, "este Alto Tribunal debería continuar con las investigaciones, a menos que la Sala decida lo contrario.
Hace algunas semanas, la Fiscalía pidió al juez archivar el caso debido a "la falta de motivos suficientes de criminalidad respecto a los acusados". En el documento, el fiscal mencionó "noticias completamente alejadas de la realidad" que se difundieron sobre un supuesto acuerdo ofrecido por la Fiscalía a Alberto González, lo que generó "una imagen muy negativa del Ministerio Fiscal".
Resaltó la necesidad de desmentir esas informaciones con datos legítimos, auténticos y verdaderos, y como resultado se redactó y distribuyó un comunicado de prensa el 14 de marzo.
Hace dos semanas, la defensa de González Amador solicitó que se remitieran los documentos al Tribunal Supremo después de que se entregara el documento en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiera la responsabilidad en la difusión de una nota en la que se informaba sobre el intercambio de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso de presunto fraude fiscal.
Además, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce la acusación particular, envió al juez un escrito pidiendo también el envío del caso al Tribunal Supremo.
Esta petición del ICAM se produjo luego de que el juez del TSJM llevara a cabo las diligencias esenciales en la fase de instrucción, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y tras los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, según ha explicado el Colegio en un comunicado.
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