El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tomado una decisión importante al desestimar el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que buscaba suspender las obras del nuevo centro de primera acogida para menores en La Cantueña. Esta sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, no solo confirma la continuación de las obras, sino que también impone al Ayuntamiento la obligación de abonar 1.300 euros por los costos legales generados por el proceso de apelación.

La resolución del tribunal es contundente al priorizar el bienestar de los menores que ya se encuentran en el centro, subrayando que su interés debe prevalecer sobre cualquier cuestión económica relacionada con la recuperación de la parcela. En este contexto, el TSJM ha señalado que la postura del Ayuntamiento de Fuenlabrada pone en entredicho el interés superior de los menores extranjeros no acompañados y las implicaciones que esto conlleva.

Asimismo, el tribunal ha argumentado que, en caso de que se confirme que la parcela efectivamente pertenece al Ayuntamiento, este se beneficiaría de un inmueble que será remodelado y ofrecerá condiciones de uso considerablemente mejores que las existentes en la actualidad. Esta afirmación apunta a que los intereses del Consistorio, lejos de verse perjudicados, podrían salir reforzados con la mejora de las instalaciones.

Concluyendo su argumentación, el TSJM ha desestimado la totalidad de los argumentos presentados en el recurso de apelación, haciendo hincapié en que esta resolución responde a las necesidades urgentes y fundamentales de los menores involucrados en este proceso.

Cabe destacar que los primeros niños migrantes llegaron al centro de La Cantueña durante el último fin de semana de septiembre, una información que fue anunciada por Ana Dávila, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Este acontecimiento marcó el inicio de una nueva etapa en la atención a menores migrantes en la región.

La ubicación del centro, que se encuentra en el polígono de Cobo Calleja, ha generado un intenso debate entre las autoridades regionales y locales. Su localización, alejada de viviendas, instituciones educativas y áreas recreativas, ha suscitado preocupaciones y críticas en torno a la conveniencia de su emplazamiento.