En una reciente sesión del Pleno de la Asamblea de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, informó que se han llevado a cabo 71 inspecciones en centros pertenecientes a la Red de Atención Integral para la Violencia de Género durante este año. Sin embargo, solo se ha impuesto una sanción a uno de estos centros, lo que ha generado un intenso debate sobre la eficacia de las medidas de protección hacia las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

La diputada del PSOE, Lorena Morales, criticó duramente al Gobierno regional, acusándolo de poner en riesgo la vida de mujeres en situaciones críticas. Su intervención se centró en una denuncia presentada por usuarias del centro de acogida número 4 ante la Fiscalía, en la que solicitan un recurso adecuado para la protección y recuperación de víctimas de violencia de género.

Morales destacó la inacción del Ejecutivo, señalando que desde 2018 solo se han aplicado tres sanciones, lo que representa una suma total de 5.000 euros, una cifra que consideró ridícula en comparación con la dignidad de las supervivientes. La diputada también cuestionó el compromiso del gobierno al asegurar que, mientras se envían correos sobre pulseras de seguridad, situaciones de abuso y amenazas persisten dentro de los mismos centros destinados a ayudar a mujeres vulnerables.

La crítica se extendió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien según Morales, ha tratado de influir en la decisión de las mujeres respecto a su maternidad. La diputada reclamó claridad a Dávila sobre la interrupción del embarazo,al recordar que es una prestación sanitaria bajo su responsabilidad y que ignorar esta situación sería complicidad con una práctica ilegal.

Por su parte, la consejera Dávila defendió la labor de los inspectores de la Comunidad de Madrid, afirmando que han realizado un total de 681 inspecciones en más de 80 centros sociales para mujeres en los últimos siete años, subrayando el respeto por el trabajo de los técnicos y funcionarios encargados de las contrataciones.

En un intento por cambiar el foco del debate, Dávila compartió testimonios de mujeres que, según ella, habían sido abandonadas por el Gobierno de España, enfatizando que se había optado por ahorrar en pulseras de seguridad defectuosas en lugar de garantizar un entorno seguro para las mujeres beneficiarias.

Finalmente, la consejera descalificó las acusaciones de Morales, sugiriendo que su intervención solo servía como una distracción y defendiendo que las usuarias de los centros en la región otorgan casi un 100% de satisfacción en la atención recibida.