En un escabroso desenlace judicial, Cristóbal López, conocido como 'El Toba', ha aceptado un acuerdo que le condena a 98 años de prisión por múltiples abusos sexuales a menores, aunque la sentencia final estipula que cumplirá un máximo de 20 años. Este pacto, alcanzado durante el juicio, busca evitar que las víctimas revivan las traumáticas experiencias que soportaron en la frutería que regentaba en Valdeavero, donde los delitos se habían perpetrado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia tras reconocer la culpabilidad de 'El Toba' por delitos de agresión sexual a menores de 16 años así como por exhibicionismo y provocación sexual. A pesar de la severidad de la condena, la normativa española limita el tiempo de cárcel a 20 años en casos donde las penas se acumulan, lo que ha generado controversia y críticas sobre el sistema penal en relación a la gravedad de estos delitos.

El pacto judicial se firmó el 24 de septiembre, momento en el que los afectados expresaron su deseo de no tener que revivir sus experiencias en el estrado. Algunos de ellos, ya adultos, optaron por declarar sin protección visual, enfrentándose directamente a su agresor. La mayoría de las víctimas aún están bajo tratamiento psicológico como consecuencia de los abusos prolongados que sufrieron.

En los hechos probados, el tribunal detalló que 'El Toba' aprovechó su relación con varios niños que eran amigos de su hijo, realizando tocamientos inapropiados tanto en su frutería como en su hogar. Este comportamiento abusivo se realizaba bajo la apariencia de una amistad familiar, la cual ignoraba la madre de su hijo.

En 2023, se dictó otra condena contra 'El Toba' por una agresión sexual a un menor de 15 años en su domicilio. No obstante, en un juicio posterior en enero de 2024, fue absuelto en un caso de corrupción de menores, donde resurgieron acusaciones sobre la utilización de un chat sexual relacionado con menores.

Las investigaciones, llevadas a cabo por la Guardia Civil, indican que el acusado ofrecía golosinas y refrescos a los menores que entraban a su tienda, creando un entorno atractivo para manipularlos y abusar de ellos. Las víctimas, un grupo de diez niños entre 3 y 13 años, eran cercanas a su familia y, por lo tanto, el acusado aprovechó la confianza depositada en él para actuar sin ser descubierto durante tanto tiempo.

El caso comenzó a desenmarañarse tras la denuncia de una madre que, impulsada por el coraje de su hijo, decidió dar voz a los abusos sufridos, a pesar de las amenazas que este había recibido. Las secuelas emocionales que han soportado los niños tras sus experiencias han sido devastadoras, incluyendo trastornos de ansiedad y dificultades para dormir, lo que pone sobre la mesa la urgente necesidad de atención y apoyo a las víctimas de estos crímenes atroces.