La controversia en la Asamblea de Madrid continúa ardiendo, pues Vox no cesa en sus reproches por la exclusión de su voto particular, mientras que el PSOE y Más Madrid critican de nuevo la misma existencia de la comisión de investigación.

MADRID, 22 de mayo. Hoy se ha alcanzado una votación importante en la Asamblea, donde el Partido Popular, con su mayoría absoluta, ha ratificado el dictamen de la comisión que indaga sobre el presunto favoritismo de la Universidad Complutense de Madrid hacia Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Este dictamen, que plantea indicios de eventual delito, será enviado a la Fiscalía y a los tribunales.

Con esta decisión, se cierra el episodio conocido como "comisión Begoña", un proceso iniciado por el PP justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024. Desde su inicio el 13 de noviembre, cuando Begoña Gómez testificó, hasta febrero del próximo año, un total de 17 testigos han comparecido, aunque se esperaba que el propio Pedro Sánchez también lo hiciera, lo cual nunca ocurrió.

El dictamen del PP, respaldado por los votos de Vox, sugiere que pudieron haberse desviado fondos públicos de la Presidencia del Gobierno a otros usos no autorizados, a raíz de la intervención de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, en asuntos académicos de la universidad. También se pide que se investigue una plataforma tecnológica de medición de impacto vinculada a la cátedra.

Previo a la votación, los representantes del PP ya habían indicado que su informe incluiría posibles indicios de delitos que luego serían denunciados ante la Fiscalía.

Después de la votación en Pleno, el dictamen se publicará oficialmente y la Mesa de la Cámara decidirá su remisión a los órganos judiciales, algo que el PP ha prometido que ocurrirá.

En el texto, el PP sostiene que la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue instituida de una manera irregular y acelerada desde el Palacio de La Moncloa, sin seguir los procedimientos establecidos por la UCM.

El informe enfatiza que parece haber sido un movimiento intencionado para situar a Begoña Gómez en una posición académica que no correspondía a sus credenciales, ya que carece de la formación, la vinculación laboral y la experiencia necesarias para ese puesto, según se expone en el documento.

El dictamen pone de relieve una serie de decisiones políticas y administrativas inusuales que facilitaron la creación de esta cátedra, mencionando que su nombramiento como directora infringió las normativas internas de la universidad.

El informe destaca que ningún otro director de las 54 cátedras extraordinarias de la UCM poseía un perfil similar al de Gómez, y se critica la falta de transparencia en su titulación y currículo, que contenía afirmaciones dudosas, como su supuesta titulación en marketing.

Desde el Grupo Parlamentario Popular se sostiene que Gómez operó como única directora de la cátedra sin la supervisión de un codirector que balanceara sus carencias en cuanto a requisitos, con el fin de que pudiera ser presentada como la única líder de esta iniciativa, sin prestar atención a la legalidad y la transparencia.

Adicionalmente, critican la gestión del 'software' ligado a la cátedra, señalando que estuvo bajo la dirección de Begoña Gómez y su círculo cercano, indicando que posteriormente se creó una empresa con el mismo nombre que la plataforma, cuyas funciones y objetivos coincidían.

El contexto sugiere una posible apropiación de recursos públicos, cuestionando la ética y los límites entre la esfera pública y personal en el entorno del Gobierno.

También han criticado la selección de docentes para los másteres relacionados con Gómez, acusando de un proceso arbitrario sin criterio académico y con propuestas directas de empresas colaboradoras.

La presidenta de la comisión, Susana Pérez Quislant, ha afirmado que se ha podido constatar la existencia de responsabilidades de Begoña Gómez al crear una cátedra impulsada por intereses personales y sin las calificaciones adecuadas.

Pérez Quislant ha señalado que hubo desvíos de recursos públicos, violaciones normativas y un preocupante silencio desde la Presidencia del Gobierno, lo que revela la falta de transparencia y control en esta situación académica.

La diputada 'popular' Mercedes Zarzalejo ha resaltado que el PP ha llevado la voz de la "indignación ciudadana" hacia estos escándalos, que según ella, descomponen no solo al presidente y su esposa, sino también al propio Gobierno.

Por su parte, Vox, a través de su parlamentaria Ana Cuartero, ha defendido el trabajo realizado en la comisión, pero ha lamentado que el PP solo busque una parte de la verdad. Vox ha llevado su voz particular al Tribunal Constitucional tras no ser aceptados sus argumentos.

Cuartero ha acusado al Partido Popular de querer ocultar la verdad que podría poner en jaque su propia responsabilidad respecto a la politización de la UCM.

El PSOE y Más Madrid, desde un inicio, han sido críticos con esta comisión, calificándola de “circo” y denunciando el uso de esta plataforma institucional como un arma política por parte del PP. De hecho, ambos partidos se retiraron de la comisión tras la solicitud del PP para que Sánchez compareciera.

La diputada Marta Bernardo, en su intervención, ha culpado al PP de usar su posición de poder para orquestar una “cacería política” en vez de dedicarse a asuntos relevantes para el país. Declaró que, tras un año de investigaciones, no se había probado nada significativo y que, en lugar de ello, se ignoró la autonomía universitaria, un derecho protegido por la Constitución.

Desde Más Madrid, Antonio Sánchez ha exigido que el PP pida disculpas a la Universidad Complutense y su rector por el daño causado en su intento de hacer política estatal usando los recursos de los contribuyentes. También ha reiterado su crítica a la falta de financiación en las universidades públicas de la región.