En un clima político tenso, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha expresado su descontento con la administración de Pedro Sánchez. Durante un evento conmemorativo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Novillo sostuvo que el gobierno actual está poniendo en peligro el futuro del país al concentrarse en la condonación de deudas en lugar de abordar problemas más urgentes, acusando además a España de estar "secuestrada" por los partidos independentistas.

Las declaraciones de Novillo se producen en un contexto donde se ha revelado que el Gobierno español está preparando una propuesta para condonar hasta 83.252 millones de euros en deudas acumuladas por diversas comunidades autónomas, un proyecto que será presentado pronto en el Consejo de Ministros. Este movimiento responde al reciente acuerdo entre el PSOE y ERC, que contempla la condonación de parte de la deuda en Cataluña, abriendo la puerta a otras comunidades que deseen beneficiarse de medida similar.

El consejero enfatizó su preocupación, al afirmar que la atención del gobierno se ha desviado hacia prioridades que considera irrelevantes en este momento crítico, denunciando que esto se hace para sostener al presidente Sánchez en su posición. “Estamos ante una situación en la que los independentistas dictan la agenda del país, mientras se ignoran problemas y necesidades más apremiantes”, señaló Novillo ante los medios de comunicación.

Andalucía y Cataluña, según los planes que se discuten, serían las regiones que recibirían los mayores beneficios de esta condonación de deudas, acumulando una suma conjunta que supera el 43% del total de la propuesta. En el caso de Andalucía, el Estado asumiría aproximadamente 18.791 millones de euros, mientras que Cataluña vería una condonación de 17.104 millones.

Otros territorios también se verían beneficiados, aunque en menor medida, como la Comunidad Valenciana con 11.210 millones, y la Comunidad de Madrid con 8.644 millones, entre otras regiones que se reducirían a cantidades significativamente menores. Este panorama plantea interrogantes sobre la equidad de la distribución y las prioridades del gobierno en términos de gestión de deudas autonómicas.