En un nuevo giro polémico en la política madrileña, la gestión de la pandemia por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a estar en el centro del debate. La Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de presentar una querella contra Ione Belarra, secretaria general de Unidas Podemos, tras sus contundentes declaraciones donde afirmó que la presidenta debería estar "en la cárcel" por su "gestión homicida" durante la crisis del coronavirus.

El anuncio provino del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien hizo estas declaraciones tras una visita a Alameda del Valle para evaluar los daños causados por la borrasca 'Jana'. García subrayó la seriedad de la situación, insinuando que las acusaciones de Belarra implican un posible delito que requerirá la intervención judicial.

Belarra, en una de sus recientes intervenciones, insistió en que "la señora Ayuso debería estar en la cárcel por su gestión homicida", haciendo referencia a las numerosas muertes que, según ella, pudieron haberse evitado durante la crisis sanitaria. Esta afirmación ha despertado reacciones contundentes desde la administración madrileña.

El portavoz del Gobierno regional se pronunció con firmeza: “Ante estas impresionantes declaraciones que señalan un delito y sugieren una intención maliciosa durante la gestión de Covid-19, hemos dispuesto que nuestros servicios jurídicos preparen las acciones legales pertinentes". Este comentario marca un escalón más en el conflicto entre las autoridades madrileñas y los representantes de la oposición.

Además, García destacó que no se tolerarán más acusaciones que pongan en tela de juicio el honor de los profesionales de la salud que trabajaron arduamente durante la pandemia. Expresó que “no permitirán que Ione Belarra realice declaraciones que ofendan al pueblo de Madrid”, afirmando que se están preparando las acciones legales necesarias en caso de que no haya un cambio de postura por parte de la líder de Unidas Podemos.

Este es tan solo el último capítulo de un episodio que ya cuenta con otra querella, presentada la jornada anterior contra Reyes Maroto, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Maroto había declarado que "7.291 personas mayores fueron asesinadas" durante la pandemia en las residencias de la región, una expresión cuya gravedad la llevó a retractarse poco después, aclarando que su intención era resaltar la falta de atención médica adecuada que sufrieron estas personas y no acusar a nadie de asesinato.