MADRID, 14 de enero.

La Comunidad de Madrid se encuentra en pleno proceso de renovación de su marco legislativo, con el objetivo de actualizar sus leyes de forma regular. Esta iniciativa, promovida por el Gobierno regional, incluye la introducción de fechas de caducidad en diversas normativas, así como revisiones cada cuatro años.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reafirmado su compromiso electoral hacia una administración que se considere "eficaz, segura y centrada en el ciudadano". Este miércoles, el Consejo de Gobierno se reunirá para discutir un proyecto de decreto que sentará las bases para esta estrategia.

La propuesta, que se espera sea aprobada durante el primer semestre del año, estipula que es obligatorio realizar al menos una evaluación 'ex post' de cada norma antes de que cumpla cuatro años de vigencia. Las únicas excepciones son aquellas disposiciones que, por su rango de ley, establezcan plazos distintos.

Asimismo, se introducirán fechas de caducidad en las leyes organizativas que regulan la estructura interna de la Administración y entidades públicas. Este tipo de normativas no abordan materias jurídicas generales, sino que describen el funcionamiento y la distribución de servicios dentro de la administración pública.

Un ejemplo particular son las leyes que rigen el funcionamiento de órganos colegiados o los decretos que definen los lineamientos de la Mesa de Diálogo Social y el Consejo para la Promoción del Comercio en la Comunidad.

La nueva normativa también asignará a la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa la tarea de presentar, en el plazo de un año desde la implementación del decreto, una propuesta que revise los procedimientos administrativos. El objetivo es priorizar el silencio positivo para favorecer a los ciudadanos en caso de no recibir una respuesta o resolución explícita a tiempo.

El proceso evaluativo incluye una fase de consulta pública, lo que permitirá la participación activa de la ciudadanía y del sector empresarial. Este proceso culminará con un informe elaborado por la consejería pertinente.

Además, se prevé que las disposiciones organizativas, salvo aquellos decretos que establezcan la estructura orgánica, perderán vigencia a los cinco años de su entrada en vigor. Esto, a menos que la evaluación 'ex post' indique que deben mantenerse vigentes.

Con estas reformas, el Gobierno busca comprobar si las medidas implementadas han logrado sus objetivos o si requieren ajustes para adaptarse a nuevos contextos.

La medida contempla también un procedimiento simplificado para aquellas leyes que sean de carácter sencillo y que hayan superado los controles y consultas adecuados. Esto equivaldría a la tramitación en lectura única en la Asamblea y promete una reducción significativa en los plazos de gestión administrativa.

La Comunidad de Madrid pretende seguir avanzando en la eliminación de trabas regulatorias con el fin de fomentar la actividad económica, atraer inversiones y facilitar la vida a los ciudadanos. La meta principal de esta iniciativa es modernizar y simplificar el marco legislativo existente, eliminando burocracia innecesaria y fortaleciendo la seguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversores.