En un claro llamado a la acción, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha revelado este miércoles que su gobierno ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, exigiendo el pago de 250 millones de euros que el Estado debe al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Además, ha solicitado una mayor inversión en el sistema de transporte público de la región.

Durante una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, García Martín enfatizó que la carta cuenta con el respaldo unánime del consejo de administración del CRTM. El mensaje principal es claro: se insta al ministerio a liquidar su deuda lo antes posible para garantizar el funcionamiento adecuado de la red de transporte madrileña.

El portavoz del Gobierno regional subrayó el peligro que esta situación representa para el propio Consorcio y los diversos operadores que componen la red de transporte público en Madrid. García Martín destacó la necesidad imperante de que el Gobierno central incremente su apoyo, centrándose especialmente en las líneas de Cercanías.

La misiva también hace hincapié en la urgencia de que el Gobierno central cumpla con las inversiones planificadas en el Plan de Cercanías (2018/2025). La actual aportación estatal al transporte en Madrid, que se ha mantenido congelada en 126,89 millones de euros desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, se considera insuficiente por parte del Gobierno autonómico.

“La Administración General del Estado no solo es la que menos contribuye, aportando solo un 6,33%, sino que ha dejado a la Comunidad de Madrid, que cubre el 79% de la financiación, en una situación desfavorable”, criticó García Martín. También señaló que el Ayuntamiento de Madrid contribuye con un 12,68% de los fondos.

En un contexto más amplio, García Martín contrastó la situación madrileña con otras comunidades autónomas, observando que las subvenciones para la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona han aumentado en un 51%, y las de Canarias en un 90%, mientras que el apoyo a Madrid no ha crecido ni un euro en el mismo período.

Finalmente, el consejero pidió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, más allá de las ayudas temporales que se han gestionado para abaratar el coste del transporte público, revise su financiación ordinaria. En la carta, se aboga por la implementación de criterios objetivos y proporcionales que reflejen el verdadero volumen de servicio y demanda del sistema de transporte público madrileño.