En un avance significativo hacia la protección del patrimonio y la cultura, la Comunidad de Madrid ha decidido activar la acción popular en situaciones que amenacen su herencia natural y cultural. Este enfoque también se extiende a aquellos delitos que obstaculicen la realización de eventos públicos y espectáculos, garantizando un marco más robusto para salvaguardar lo que realmente importa a la sociedad madrileña.

El Consejo de Gobierno, en una reunión celebrada este miércoles, ha presentado un Anteproyecto de Ley que añade estas tres áreas de acción a su arsenal legislativo. Con esto, buscan fortalecer la defensa de bienes y actividades que susciten un interés colectivo, cada vez más vulnerables ante conductas ilícitas que pueden acarrear graves consecuencias, según destacó el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

Este impulso legislativo se suma a los esfuerzos ya en marcha para proteger a las víctimas de violencia de género y terrorismo, donde el Gobierno autonómico ha tomado la delantera para asegurar la representación de quienes han sufrido estos terribles delitos, apoyando tanto a las víctimas como a sus familias y a la comunidad en su conjunto.

Una de las principales modificaciones implicará cambios en la Ley 16/1995, que regula la protección de la naturaleza, permitiendo que la acción popular se incluya en los procesos penales relacionados con incendios y delitos contra los recursos naturales. Esto refuerza la capacidad de respuesta ante delitos que tienen un impacto significativo en el entorno territorial de la Comunidad.

Además, se actualizará la Ley 17/1997 sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, lo que permitirá a la Comunidad de Madrid participar en casos de delitos de desorden público que hayan puesto en riesgo la realización de eventos de gran relevancia social, como se evidenció en la última edición de la Vuelta Ciclista a España, que sufrió interrupciones debido a manifestaciones.

Finalmente, también se introducirán modificaciones en la Ley 8/2023 sobre Patrimonio Cultural, abarcando ahora los delitos cometidos contra bienes que poseen un valor histórico, artístico, científico o monumental. Esta inclusión subraya el compromiso del Gobierno regional con la preservación del legado cultural de Madrid.

Aunque la acción popular se incorpora como un nuevo recurso, el anteproyecto también establece que la Comunidad puede actuar en los procesos penales si se ve directamente afectada por los delitos, así como para reclamar compensaciones por daños, garantizando así un enfoque integral en la protección de sus intereses y derechos.