En marzo, la plataforma 'Xuntos por Galicia' presentó una denuncia ante la Fiscalía de Área de Vigo, centrándose en el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, entre otros líderes del partido.

Recientemente, la Fiscalía de Madrid decidió archivar esta denuncia, que acusaba a Monedero de un posible delito de agresión sexual y a la secretaria política de Podemos, Irene Montero, así como a la secretaria general, Ione Belarra, y a Ángela Rodríguez 'Pam', exsecretaria de Estado de Igualdad, de encubrimiento y omisión del deber de socorro al no haber intervenido en la supuesta situación.

Según los documentos del caso, la acusación sostiene que Monedero y las demás figuras de Podemos tenían conocimiento del presunto abuso, pero no intervinieron. Sin embargo, la fiscalía señaló que las alleged victims no habían formalizado denuncia alguna ni se habían puesto en contacto con ellos tras conocer sus derechos.

El fiscal expresó que, considerando el relato de los hechos y las investigaciones realizadas, no existen elementos suficientes que permitan establecer que se haya cometido un delito de agresión sexual, ya que faltan detalles sobre el momento, lugar y circunstancias del presunto incidente.

Además, el informe enfatiza que no hay indicios claros de una petición de naturaleza sexual y que las contactos físicos mencionados no representan un contexto de vulnerabilidad que demandaría la intervención del Ministerio Fiscal. Aun así, el fiscal aclara que las personas agraviadas tienen el derecho de presentar una denuncia si así lo deciden.

En cuanto a las acusaciones de encubrimiento dirigidas a Montero, Belarra y Rodríguez, la Fiscalía determinó que no parece haber bases para sostener que ellas hubieran adoptado conductas que encuadren en el delito de encubrimiento o que hubieran hecho uso de sus funciones públicas para proteger a Monedero.

Sobre la supuesta omisión del deber de socorro, el fiscal argumentó que no se ha establecido que hubiera una situación de riesgo evidente para la presunta víctima, sugiriendo que la falta de intervención de las denunciadas podría más bien reflejar descontento con su respuesta que un ilícito penal efectivo.

Así, este caso se cierra sin acciones contra las figuras mencionadas, lo cual resalta los retos que enfrentan las instituciones y los movimientos sociales para abordar serios problemas de violencia y agresiones en el ámbito político y social.