El inicio del juicio ha sido autorizado tras el rechazo por parte de la jueza a la solicitud de la defensa de postergar esta decisión. En Madrid, el 22 de septiembre, la magistrada Carmen Rodríguez Medel, que ocupa temporalmente el Juzgado de Instrucción número 19, ha puesto en marcha el juicio oral contra Alberto González Amador, acusado de evadir 350.000 euros en impuestos durante 2020 y 2021, además de supuestamente formar parte de una organización criminal.

Este dictamen, accesible a Europa Press, confirma que se abrirá juicio oral no solo contra González Amador, quien es pareja de Isabel Díaz Ayuso, sino también contra otros cuatro involucrados en el caso. El Juzgado de lo Penal de Madrid ha sido designado como el organismo adecuado para llevar a cabo el juicio y emitir un fallo sobre este asunto.

En el escrito de acusación, tanto el fiscal como el abogado del Estado demandan una pena de tres años y nueve meses de prisión para González Amador, debido a dos delitos fiscales que incluyen falsedad documental. Por su parte, la acusación presentada por el PSOE y Más Madrid exige una pena mayor de cinco años, al incorporar otros delitos contables y los cargos de pertenencia a grupo criminal.

El acusado se enfrentará a la justicia por irregularidades en su declaración del impuesto sobre sociedades de 2020, acompañado de un cargo de falsedad en documentos mercantiles, así como por un delito similar referente a 2021. Además, está siendo juzgado por un delito contable continuado y otro de asociación criminal.

La decisión de abrir juicio se produce tras el intento fallido de la defensa por dilatar el proceso hasta que se resolviera los recursos presentados, el cual fue desestimado por la juez por no encontrar justificación para proceder de esa manera.

La investigación se originó a partir de una denuncia del Ministerio Público y se centra en las irregularidades relacionados con el Impuesto de Sociedades de los dos ejercicios mencionados. También se examina la posible falsedad documental por la presentación de facturas que no reflejan servicios realmente prestados, buscando así reducir su carga tributaria.

A finales de febrero, González Amador decidió no declarar ante la magistrada, ejerciendo su derecho a no hacerlo bajo asesoría legal, a la espera de la resolución de un recurso pendiente sobre la apertura de una pieza separada del caso.

Unos días después, la Audiencia Provincial de Madrid decidió que se debían investigar otros delitos adicionales a los que ya estaban en curso. Esta acción se suma a la complicada trama judicial a la que se enfrenta González Amador.

Durante el proceso, el acusado informó a la jueza sobre los ingresos percibidos de Quirón Prevención y negó cualquier intención de ocultar ingresos a través de sociedades instrumentales para evitar el pago de impuestos.

La acusación del fiscal se apoya en un informe de la Agencia Tributaria, que señala la existencia de gastos ficticios originados por facturas emitidas por distintas sociedades. Estos gastos no correspondían a servicios reales y fueron presentados con la intención de disminuir el importe a pagar por el impuesto de sociedades de 2020 y 2021, según se detalla en la denuncia.

En 2022, la Fiscalía recibió un informe sobre Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, que sugiere que existen datos e indicios que podrían indicar delitos relacionados con el Impuesto Sobre Sociedades durante los ejercicios de 2020 y 2021.

Según el informe, se observaron dos infracciones contra la Hacienda Pública, que se traduzcan en un fraude tributario superior a 120.000 euros, así como un posible delito de falsedad en documentos mercantiles por la presentación de facturas no legítimas con la finalidad de reducir su carga fiscal.