En Madrid, el debate sobre el futuro financiero de la Comunidad se intensifica con el avance del Proyecto de Ley de Hacienda, que está siendo examinado por la Asamblea. Este jueves, el Partido Popular (PP) desestimó las enmiendas propuestas por la oposición, que incluye a Más Madrid, el PSOE y Vox, en una votación que marcó un nuevo capítulo en este proceso legislativo.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, fue la encargada de presentar argumentaciones a favor de este proyecto, el cual, según ella, es fundamental para asegurar la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas en Madrid. Albert subrayó la necesidad de actualizar una ley que tiene más de 35 años y que, a su juicio, ya no responde a las necesidades actuales de la comunidad, señalando la aparición de nuevas figuras jurídicas y el contexto cambiante en el que se encuentra.

La nueva normativa tiene como objetivo central compilar y organizar toda la legislación relacionada con las finanzas públicas, evitando así duplicidades y contradicciones que han dificultado su comprensión. Albert enfatizó que, al sistematizar las disposiciones legales, se busca no solo simplificar la administración, sino también mejorar la rendición de cuentas y la seguridad jurídica.

En el otro extremo del debate, la diputada de Vox, Ana Cuartero, cuestionó la utilidad del proyecto, afirmando que no solo no favorece a la ciudadanía, sino que podría perjudicar a sectores críticos, como el Hospital de Fuenlabrada. Cuartero describió cómo el traslado del Canal de Isabel II del ámbito público al privado podría deslegitimar el control y la fiscalización de las cuentas, sugiriendo que se trata de una maniobra para evadir responsabilidades en el futuro.

La diputada de Vox no se detuvo ahí; también criticó lo que considera un ataque a la independencia de la Cámara de Cuentas, comparando la intervención del Gobierno en esta institución con un hipotético control del Congreso por parte del Ejecutivo central, lo que pone en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas.

Por su parte, el diputado del PSOE, Daniel Rubio, unió esfuerzos a la crítica, al afirmar que el proyecto representa un "artículo 155 encubierto" que socava la fiscalización por parte de la Asamblea y el derecho de los ciudadanos a saber cómo se emplean sus recursos. Argumentó que, bajo la excusa de modernización, se busca centralizar el poder económico en el Gobierno, debilitando las estructuras democráticas que deberían garantizar un control efectivo.

La parlamentaria de Más Madrid, Raquel Huerta, también intervino en el debate, acentuando que la administración ha tardado tres décadas y media en presentar una nueva Ley de Hacienda, que se supone debería reflejar una adaptación a la realidad social contemporánea. Sin embargo, Huerta cuestionó el propósito real del proyecto, aludiendo a que lo que se busca es fortalecer el dominio político del Gobierno sobre las instituciones, limitando el papel de las universidades públicas y blindando beneficios fiscales que, según ella, solo favorecen a unos pocos.